Para que los tribunales laborales sean una realidad en Puebla a partir de 2021, el gobierno estatal contempla un gasto aproximado a 100 millones de pesos, reveló el gobernador Miguel Barbosa.
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo manifestó que los "centros de justicia laboral" son una necesidad para abatir "el rezago histórico" de expedientes y para "aplicar de manera correcta las reformas en materia de trabajo".
Celebró la desaparición de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), a cargo de su gobierno, porque consideró que las diferencias entre trabajador-empresa son un "asunto de justicia" y deben resolverse ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por lo que se comprometió a dotar de los recursos necesarios al Poder Judicial para este fin.
"Dirimir una controversia entre trabajadores y patrones en todos los ámbitos es un asunto de justicia y tiene que estar en manos del Poder Judicial. Nosotros estamos dotando del presupuesto necesario al Poder Judicial para instalar sus centros de justicia laboral”.
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Según señaló el pasado 16 de noviembre Abelardo Cuéllar Delgado, titular de la Secretaría de Trabajo estatal, Puebla desaparecerá su Junta Local el próximo año para ajustarse a las exigencias de la nueva Ley Federal del Trabajo.
El funcionario mencionó que los expedientes y juicios que se encuentran en curso o pendientes de resolver por la JLCA serán absorbidos por el nuevo sistema, aunque será un proceso que podría tardar de 5 a 7 años en resolverse.
Manda iniciativa al Congreso para proteger a productores
En otro tema, Barbosa Huerta indicó que envió una iniciativa al Congreso local para reformar el Código Penal y proteger de extorsiones a campesinos, granjeros y pequeños productores que transitan en sus vehículos sobre carreteras estatales y son detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
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