Afuera de Casa Jalisco, familiares y amigos se congregaron para exigir la liberación de los dos policías investigadores que presuntamente participaron en la privación ilegal de la libertad de jóvenes manifestantes que buscaban acercarse a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
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Patricia, esposa de Raúl Gómez Mireles, uno de los agentes acusados de realizar tales capturas la tarde del viernes, manifestó que la detención de su marido fue un abuso de confianza por parte de las autoridades tanto estatal como de la propia fiscalía pues ni siquiera le han permitido ver la carpeta de investigación.
“Ahora la licenciada Yolanada de visitaduría dice que están integrando la carpeta pero eso qué, se supone que deberían tener la persona ahí que están señalándolos a ellos o supuestamente a los que agredieron pero hasta ahorita no han dicho nada, están violentando sus garantías individuales a ellos, como policías y como ciudadanos”, comentó Patricia Nazarín, esposa de policía acusado.
A Gómez Mireles tampoco le han dejado ver a su abogado, y en la Fiscalía se limitan a decirle a la familia que ya le asignaron uno de oficio.
Por su parte, Cintya Hernández, esposa del también señalado comandante Salvador Perea Rodríguez mencionó que él solamente acataba órdenes de los altos mandos, y que el Gobierno Estatal encubre a los verdaderos culpables de los actos ilícitos.
“Lo queremos libre, lo queremos libre de culpas, lo queremos afuera, sabemos que él no hizo y no dio órdenes de tener palos, de tener cosas así, él recibe órdenes solamente- ¿cuál es tu sentir ahora con esta detención?- mucho coraje, mucha traición por parte de las personas que lo proponen porque sabe su trayectoria y que ahora le dan la espalda”, manifestó Cinthya Nayeli Hernández.
A Perea Rodríguez se le señala por robo, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.
Óscar Torrejón, representante de éste último, acusó como irresponsable al Gobernador Enrique Alfaro por declarar que el crimen organizado esté detrás de las acciones de ambos policías ministeriales detenidos.
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Alrededor de 30 personas continuaron la marcha pacífica a las afueras de la FGE para expresar su molestia y responsabilizar al gobierno de lo ocurrido.
MC/JMH