El gobierno Federal se sumó al pleito legal por el control del Ángel de la Independencia, porque la Consejería Jurídica de la Presidencia interpuso un recurso de reclamación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la decisión de un ministro por haber admitido a trámite la controversia constitucional que promovió Sandra Cuevas, alcalde con licencia en la Cuauhtémoc.
Además, el gobierno de la Ciudad de México que encabeza Martí Batres, también interpuso otro recurso de reclamación contra la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por conceder una suspensión a la alcaldesa, la cual le permite a su administración cuidar, mantener y preservar el monumento.
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En el caso del recurso interpuesto por la Consejería Jurídica de Presidencia, éste fue turnado y admitido a trámite por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien en las próximas semanas deberá presentar un proyecto.
Mientras que el recurso del gobierno de la Ciudad de México fue admitido a trámite por la ministra Margarita Ríos Farjat.
“Se admite a trámite el presente recurso de reclamación al interponerse en contra del acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, por el que se otorgó la suspensión solicitada en la demanda de la controversia constitucional citada al rubro”, detalla el acuerdo publicado en estrados.
En octubre, el ministro Alcántara Carrancá rechazó dejar sin efecto el acta, por medio de la cual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) dejó en manos del gobierno de la Ciudad de México la administración del Ángel de la Independencia.
Días antes de pedir licencia al cargo, Sandra Cuevas, solicitó una suspensión a la Corte, dentro de la controversia constitucional, con el propósito de que se le devolviera la administración del monumento.
Sin embargo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá emitió un acuerdo donde únicamente concedió la suspensión a la quejosa para el efecto de que el personal de dicha alcaldía dé cuidado, mantenimiento y preservación al Ángel de la Independencia, como lo hacía anteriormente.
El 15 de septiembre, la Secretaría de Hacienda emitió el acta a través de la cual hizo la entrega física, jurídica y administrativa de manera provisional del monumento.
La alcaldesa alegó que la citada acta invade la autonomía de organización política y administrativa respecto a las actividades de posesión, custodia, conservación, mantenimiento y difusión.
Por ello, pidió que la alcaldía mantenga la posesión, incluido el mirador y mausoleo, mismos que tenía en sus manos desde el 16 de septiembre de 1998.
Aseguró que la entrega del monumento al gobierno de la Ciudad de México genera una afectación en la gobernabilidad de su alcaldía, porque el gobierno local adopta decisiones que van contra los procedimientos de ley y de la autonomía de la alcaldía.
RM