Los bosques de la zona norte del Estado de México, que se enclavan en la Sierra de las Cruces, se han convertido en tierra de nadie, donde habitantes de los municipios Isidro Fabela, Jilotzingo, Nicolás Romero y Temoaya acusan que grupos criminales procedentes del municipio vecino Otzolotepec, están talando los bosques, a merced de la impunidad; mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señala que grupos organizados talan sin autorización por “usos y costumbres”, y hacen uso de la fuerza contra la autoridad.
“En cada uno de los municipios que conforman la Sierra de Cruces, existen localidades que se dedican a la tala ilegal, transporte, almacenamiento y transformación de materias primas forestales sin autorización (…) Los taladores trabajan en grupos organizados que, cuentan con equipos sofisticados de comunicación y vigilantes que les avisan sobre la presencia de autoridades, halcones”, dijo la Profepa a MILENIO.
Uno de los municipios más afectados es Isidro Fabela, debido a la belleza escénica que ofrece el paisaje boscoso que rodea la presa Itubide, es una región que suele ser visitada por el turismo; no obstante, en un recorrido MILENIO registró troncos y árboles derribados que yacen en plena orilla de la carretera, y sobre caminos de terracería; ya adentrándose en el bosque, hay ramas y follaje abandonados por los talamontes.
Pese a la evidencia del delito ambiental, no hay presencia policiaca en la zona, la gente local tiene miedo, pues aseguran que los taladores van armados, por lo que las autoridades ya quedaron rebasadas.
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“Su raíz es tirar árboles ilegalmente en toda la zona del perímetro de la presa Iturbide y las colindancias. No existen aserraderos en Isidro Fabela, sino que somos solamente paso para la tala y se van hacia Otzolotepec, que es donde tienen su raíz este tipo de grupos”, dijo uno de los vecinos agraviados.
La Profepa destacó que “en la zona existen localidades y pobladores que se oponen a los actos de autoridad, quienes ven como parte de usos y costumbres el realizar dichas actividades, y cuando se ven trastocados sus intereses se manifiestan mediante el uso de la fuerza en contra de cualquier autoridad”.
Un ejemplo, es el enfrentamiento del pasado 24 de abril en Isidro Fabela, en el que tres jóvenes, a quién la comunidad acusa de ser talamontes, resultaron lesionados con armas de fuego, por parte de elementos de la Guardia Nacional.
“Nosotros como vecinos fabelenses quedamos rebasados, porque este tipo de grupos están armados, entonces ya es totalmente un desequilibrio, no se pueden tomar medidas contra la tala, a cualquier hora del día, a toda hora están ellos talando”, dijo un vecino alarmado.
Los bosques mexiquenses quedaron desprotegidos esta administración. A través de un convenio firmado en 2013, la Profepa le otorgó a la Protectora de Bosques del Estado de México, las facultades de inspección y vigilancia forestal, con lo que también la facultó para iniciar querrellas penales contra los talamontes, el acuerdo caducó en 2017, y no se renovó.
Luego de que Probosque perdió sus facultades, Profepa no reforzó la vigilancia en la zona, actualmente solo cuenta con 10 inspectores para atender los problemas ambientales en todo el estado; por ello, los pobladores afectados demandan la instalación de un campamento de la Guardia Nacional.
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De 2018 a la fecha, la Profepa ha recibido 162 denuncias de tala, en ese lapso, se han realizado 64 inspecciones, y solo en 10 casos, sancionó con multas, clausura o restauración forestal.
En lo que va de la administración, 2021 es el año en que más denuncias por tala clandestina recibió, un total de 48 denuncias; 17 de ellas, fueron presentadas por ciudadanos de Jilotzingo; en 2022 recibió 30 denuncias; y en lo que va del año, suman 22 denuncias.
Se estima que en esta región, más de 40 mil héctareas están a merced del crimen; comuneros acusan que se está “enganchando” a jóvenes, a participar en ese delito.
Desde 2021, milenio documentó que los comuneros temen por su seguridad, pues constantemente son amenazados por las bandas de talamontes, que mantienen aserraderos clandestinos en la región.
“Diario se estima que en esta región norte, por lo menos se están extrayendo unos 90 o 100 metros cúbicos de madera diario, si multiplicamos eso por todos los días del año que casi trabajan todos los días del año, pues estamos perdiendo una cantidad increíble de bosque de árboles sanos”.
Desde hace tres años, los afectados lanzaron una petición en la plataforma Change.org para exigir la instalación de un campamento militar que logre detener el ilícito ambiental.
“La madera que se puede encontrar en estos aserraderos irregulares es ilegal, entonces es muy importante que sigan habiendo operativos y que hubiera un campamento permanente de la Guardia Nacional, militares en los puntos de cruce más importantes de la región para frenar esto”, dijo otro afectado, que por razones de seguridad, prefirió omitir su nombre.
Los expertos advierten que no frenar la tala clandestina en la Sierra de las Cruces, se pone en riesgo el abasto de agua para 25 millones de personas de Valle de México.
Denuncias por tala ilegal en municipios que conforman la Sierra de las Cruces
HCM