Guanajuato es el segundo estado con mas controversias constitucionales presentadas contra el 'Plan B'

Comunidad

Pese a que Guanajuato es el “Estado más Panista” de todo México, fue el segundo con mas Controversias Constitucionales presentadas con un total de 25.

AMLO en la mañanera
Wendoline Adame
Guanajuato /

La primera parte publicada del 'Plan B' que forma parte de la Reforma Electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, acumula un número histórico de impugnaciones, a las que habrán de sumarse las que se presenten por parte de Trabajadores del INE y Partidos Políticos a las últimas cuatro reformas de este mismo plan, que se publicaron el pasado miércoles 1 de marzo.

De acuerdo datos oficiales del Índice de Controversias Constitucionales pendientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del 'Plan B' se presentaron un total de 129 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y más 6 Acciones de Inconstitucionalidad.

Pese a que Guanajuato es el “Estado más Panista” de todo México, fue el segundo con mas Controversias Constitucionales presentadas con un total de 25 (De los cuales 24 son de sus alcaldes y alcaldesas y uno por parte del Congreso Local), superado por Coahuila con 29, mientras que en tercer lugar se encuentra el Estado de México con 12 y en cuarto Michoacán con diez.

Si bien, el Partido Acción Nacional, quien promovió este mecanismo a través de su Asociación Nacional de Alcaldes, esperaba que los poco mas de 300 municipios que gobierna en el país se unieran a presentar la controversia constitucional, el tiempo para que esto se aprobara por sus respectivos ayuntamientos, habría sido una limitante.

A través de las controversias constitucionales, los y las alcaldesas argumentaron que dentro del 'Plan B', la reforma al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, aprobada el 27 de diciembre del 2022, plantea disposiciones inconstitucionales ya que vulnera la autonomía de los municipios para ejercer sus recursos en materia de difusión, al establecer que el 0.1% es el porcentaje máximo del presupuesto que cada órgano de gobierno puede destinar para el área de comunicación social.

También advirtieron que esta reforma vulnera el derecho a la información para los ciudadanos, ya que es a través de los medios que se da a conocer las campañas de salud, vacunación, información relativa a la seguridad, servicios públicos, entre otros.



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