El asesinato del oficial José Miguel García Montiel, adscrito a la Unidad de Análisis e Investigación de León, ocurrido el pasado sábado 28 de diciembre, pone de manifiesto un preocupante incremento en los homicidios de policías en Guanajuato.
Durante el primer trimestre de la administración de la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, se ha registrado un aumento del 144% en asesinatos de elementos de seguridad, en comparación con el inicio del gobierno anterior.
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De acuerdo con cifras de la organización Causa en Común, durante los primeros tres meses del mandato del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (del 26 de septiembre al 31 de diciembre de 2018), nueve policías fueron asesinados. En contraste, desde que Libia García asumió el cargo el 26 de septiembre de 2024, el número de oficiales caídos ha alcanzado los 22.
En León, cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana han perdido la vida en lo que va del 2024, siendo el más reciente el oficial García Montiel, quien tenía más de cinco años de servicio destacado y era reconocido por su compromiso con la población.
La Secretaría de Seguridad de León emitió un comunicado lamentando profundamente la pérdida de José Miguel García Montiel y expresó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros del oficial.
“Miguel fue privado de la vida en un ataque cobarde mientras realizaba labores de investigación. Perdemos a un agente disciplinado, leal y ejemplar”, señaló la dependencia.
Asimismo, las autoridades aseguraron que este crimen no quedará impune y que los responsables serán llevados ante la justicia.
Por su parte, el Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, se comprometió a brindar apoyo jurídico, administrativo, médico y tanatológico a la familia del oficial. “Tendrán todo el respaldo de esta administración”, enfatizó la presidenta municipal.
El creciente número de policías asesinados subraya la complejidad de la crisis de seguridad en Guanajuato, marcando un difícil inicio para el mandato de Libia García y evidenciando los retos que enfrenta la administración estatal en su lucha contra la violencia