Por corrupción y actos que constituyen faltas administrativas graves, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato TJA, con corte al mes de diciembre del 2023 emitió 49 sentencias definitivas, dentro de las cuales un total de 24 funcionarios públicos del Estado de Guanajuato fueron sancionados e incluso inhabilitados por haber cometido faltas graves, el resto fueron absueltos.
Esto marca una baja en el total de sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia administrativa que el año previo (2022) emitió un total de 87 sentencias, pero un incremento de las sanciones por faltas graves de funcionarios públicos ligados a actos de corrupción que pasaron de 19 en 2022 a 24 en el 2023, es decir un 21% más.
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La información emitida por la sala especializada del TJA, indica que durante el 2023 le fueron remitidos por parte de las contralorías, un total de 120 expedientes donde en 17 de dichos casos hubo devolución del expediente a la autoridad sustanciadora.
De total de sentencias definitivas por faltas graves, emitidas el año pasado, se determinó que en 24 casos se acreditó la existencia de una falta grave y que en las 25 restantes no hubo falta. Así mismo, de los casos donde si se acreditó la existencia de faltas graves, 18 fueron inhabilitados para la función pública; 7 del ámbito estatal y 11 del ámbito municipal.
Aunado a ello, tres funcionarios fueron destituidos; De estos uno era del ámbito estatal y dos de gobiernos municipales. Se suman dos funcionarios estatales con sanciones económicas. Finalmente y derivado de que la Ley de Responsabilidades Administrativas ahora permite también sancionar a particulares que participen o colaboren en actos de corrupción, se sancionó a dos personas físicas y tres personas morales.
La encargada de este tipo de sanciones, es la quinta sala del TJA denominada Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, misma que fue creada en el 2017 con el objetivo de combatir la coerción en la entidad.
Dicha sala conoce de las impugnaciones de las sanciones administrativas aplicadas a los servidores públicos en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas. La cual además tiene atribuciones para imponer sanciones por faltas graves a servidores públicos y a particulares.