Durante el último sexenio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato ha iniciado un total de 150 carpetas de investigación por aborto, correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2019 y abril de 2025.
La información, basada en los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detalla que en los primeros cuatro meses de 2025 se han abierto 8 carpetas. No obstante, los registros no especifican si se trató de interrupciones voluntarias o provocadas.
El promedio anual se sitúa en 23 carpetas de investigación. Al desglosar los datos por año, se tiene lo siguiente:
- 2019: 24 carpetas
- 2020: 31 carpetas (el año con mayor incidencia)
- 2021: 23 carpetas
- 2022: 24 carpetas
- 2023: 18 carpetas
- 2024: 22 carpetas
Aunque en Guanajuato las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo ya no son enviadas a prisión, el Código Penal vigente aún tipifica esta conducta como delito, lo que obliga a la FGE a abrir una carpeta de investigación en cada caso.
Un momento clave en la lucha por los derechos reproductivos en el estado fue el 7 de septiembre de 2010, cuando, gracias a la presión del colectivo feminista “Las Libres”, se reformó el Código Penal para atenuar las sanciones por el delito de “homicidio en razón de parentesco”. Esta modificación permitió la liberación de siete mujeres encarceladas por abortar, de las cuales cuatro pertenecían a comunidades indígenas.
Actualmente, la legislación local sigue prohibiendo el aborto voluntario, ya que el Código Penal no ha sido reformado. De acuerdo con su artículo 163, el aborto solo está permitido en las siguientes circunstancias:
- Cuando la mujer es víctima de violación
- Cuando el aborto ocurre de manera accidental