En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que se conmemora este 28 de junio, Guanajuato se posiciona como uno de los estados más violentos para las personas de la diversidad sexual y de género en México.
De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, entre 2021 y lo que va de 2025, se han abierto 82 carpetas de investigación por homicidios dolosos contra personas LGBTIQ+, de los cuales 24 fueron cometidos contra mujeres trans, lo que representa el 29.2 por ciento del total.
En promedio, cada año 27 personas LGBTIQ+ son asesinadas en Guanajuato, es decir, alrededor de 2.25 casos por mes, no obstante, activistas advierten que la cifra podría ser aún mayor, ya que muchas víctimas no son reconocidas por su identidad de género en los registros oficiales.
Además, el estado carece de figuras legales como el “transfeminicidio” o los “crímenes de odio” dentro de su Código Penal, lo que dificulta la correcta investigación y castigo de estos delitos con perspectiva de inclusión y derechos humanos.
Uno de los casos más recientes que conmocionó a la comunidad ocurrió el 19 de abril de 2025, en Apaseo el Grande, donde fue localizado sin vida el activista José Patiño, de 36 años, integrante del colectivo “Orgullo Apaseo el Grande”.
Su cuerpo fue hallado con signos de tortura en un camino de terracería en la comunidad de El Jocoqui, luego de ser reportado como desaparecido.
En respuesta a esta violencia sistemática, la diputada Eugenia García Oliveros, del partido Morena, presentó el pasado 12 de junio de 2025 una iniciativa para tipificar el delito de transfeminicidio en el Código Penal del estado.
Esta propuesta sigue en espera de ser discutida en el Congreso local. Previamente, el 31 de octubre de 2024, la misma legisladora presentó una iniciativa para castigar los crímenes de odio, con penas de 40 a 60 años de prisión, iniciativa que tampoco ha avanzado.
A pesar de los esfuerzos de organizaciones civiles y representantes de la comunidad, la ausencia de un marco legal específico que reconozca la violencia por orientación sexual o identidad de género sigue siendo una barrera para la justicia en Guanajuato.