De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado de Guanajuato acumula 3,093 personas desaparecidas, una cifra que refleja la magnitud y complejidad de esta situación, que afecta no solo al estado, sino a todo el país.
Los estados que presentan un mayor número de personas no localizadas son: Jalisco, con 15,015 personas desaparecidas; el Estado de México, con un total de 13,656; y Tamaulipas, con 13,315 personas no localizadas.
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Según información complementaria de organizaciones civiles, se observa un contraste en las desapariciones:
Hombres desaparecidos: La mayoría de las desapariciones en Guanajuato involucran a hombres, especialmente jóvenes, lo cual está relacionado con la violencia vinculada al crimen organizado.
Mujeres desaparecidas: Aunque en menor número, la desaparición de mujeres es un fenómeno alarmante y creciente. Existe una preocupación particular por la desaparición de niñas y adolescentes, muchas veces vinculada a la trata de personas.
La presencia de grupos del crimen organizado y la lucha por el control del territorio han convertido a Guanajuato en uno de los estados más violentos del país. Esta situación ha contribuido al aumento de las desapariciones, generando un clima de temor e incertidumbre.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades y los colectivos de búsqueda, la impunidad sigue siendo un obstáculo importante, ya que en la mayoría de los casos no se castiga a los culpables.
Uno de los puntos clave que debe fortalecerse es la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno y la sociedad civil, ya que esta es fundamental para avanzar en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
En este sentido, es importante señalar que la sociedad civil desempeña un papel crucial en la búsqueda de los desaparecidos, ya que, en muchas ocasiones, son ellos quienes se encargan de realizar las búsquedas de sus familiares.
La crisis de desapariciones en Guanajuato exige una respuesta integral y contundente. Es necesario fortalecer las instituciones, mejorar la coordinación y garantizar la protección de las víctimas y sus familias.