De acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Guanajuato, son aproximadamente 14 mil motocicletas las que abarrotan los corralones de los municipios; en su mayoría fueron decomisadas mediante operativos de policía y vialidad, pero se quedaron bajo resguardo debido a que los dueños no pudieron acreditar su legal posesión.
Dicha cifra no incluye las pensiones particulares en las que también se resguardan las motocicletas decomisadas; esto representa un pasivo para los gobiernos municipales que mes con mes deben pagar miles de pesos a los dueños de dichos espacios, donde las motos pierden su vida útil y se desgastan bajo el sol o la lluvia, sin que exista posibilidad de ser utilizadas.
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Ante esta problemática, el Congreso de Guanajuato explora alternativas y ajustes legislativos que permitan evitar el hacinamiento de dichos vehículos de motor.
De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, en su artículo 171, se especifica que los vehículos pueden ser retirados de la circulación y asegurados en los depósitos o instituciones correspondientes en los supuestos que están previstos o como medida de seguridad, para evitar una afectación al orden público e interés social.
Algunos de los casos en los que esto puede ocurrir son cuando las placas no coinciden con la calcomanía o tarjeta de circulación, se estacionan en lugares prohibidos, las condiciones mecánicas del vehículo no garantizan la seguridad del conductor, participaron en algún accidente de tránsito, el conductor se encontraba en estado de ebriedad o sin licencia de conducir.
Para recuperar las motocicletas, además del pago de la multa y un costo de 15.24 pesos por día que pasó en el corralón, se requiere presentar los documentos del vehículo con original y copia, tales como la factura o carta factura emitida por el establecimiento donde la compraron, tarjeta de circulación, la identificación oficial del interesado, el recibo del pago de la infracción y el oficio de liberación del ministerio público.
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La reventa, compra a terceros de motocicletas que en muchas ocasiones son robadas y por ende carecen de documentación, es el común denominador del porqué son pocas las que llegan a ser recuperadas por los dueños, quienes, al ser medios de transporte económicos y que se venden hasta en tiendas departamentales, optan por ir a comprar otra.
De ahí que actualmente la comisión de seguridad del Congreso del Estado de Guanajuato analice una iniciativa de reforma para regular la venta de motocicletas en la entidad, la generación de un padrón estatal y la obligatoriedad de registro por parte de las tiendas que las comercializan.
Al corte de enero de 2025, la Secretaría de Finanzas del Estado señala que en la entidad están registradas 629 mil motos; se estima un 30 por ciento adicional de motos no registradas, sumando 188 mil motos más, que circulan al margen de la ley.
Adicionalmente, durante el último sexenio, tan solo en los municipios que conforman el corredor industrial, el padrón de motocicletas experimentó un incremento en promedio del 173 por ciento, de ahí la necesidad de regular su comercialización.