El diputado Luis Ángel Tenorio Cruz, presidente de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del estado de Hidalgo, dio a conocer que un hidalguense fue sometido a terapias de conversión en el Estado de México.
“Hay casos de gentes que se han acercado con un servidor para hacer estas denuncias, esta persona fue víctima en el Estado de México”, sostuvo el legislador local de Morena.
Sin embargo, mencionó que en Hidalgo no se han reportado este tipo de casos luego de las reformas al Código Penal y la Ley de Salud para sancionar esta situación.
En junio de 2022 los diputados locales aprobaron con 24 votos a favor la reforma al Código Penal la cual establece que se le impondrá de uno a tres años de prisión y multa de 150 a 300 días, a quien obligue a otro a recibir una terapia de conversión o la imparta sin el consentimiento de la persona.
¿Qué es una terapia de conversión?
Se entiende por terapia de conversión, aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, o la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física o psicológica.
En tanto, los diputados también aprobaron una reforma a la Ley de Salud la cual señala que está prohibido promover, impartir, aplicar, obligar o financiar cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica, con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona
MILENIO consultó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) sobre el número de carpetas de investigación en donde se investiguen las terapias de conversión, esto tras la creación de la Unidad de enlace para atención y seguimiento con la comunidad de la diversidad sexogenérica, sin embargo, no hubo respuesta de la dependencia estatal.
La Unidad de enlace para atención y seguimiento con la comunidad de la diversidad sexogenérica de la Procuraduría opera desde el pasado 12 de abril y tiene la finalidad de vigilar que la atención diferenciada a las víctimas que se asuman como parte de dicha comunidad sea eficiente y se investigue la comisión de delitos motivados a partir de razones de género, intolerancia, discriminación, odio o exclusión, lo que permitirá a este segmento de la población recibir atención especializada y colaborar con el Ministerio Público en las indagatorias.