El 18 de enero de 2019 la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, que dejó un saldo de 137 personas fallecidas en la zona, tranquilizó la actividad ilícita del robo de combustible en Hidalgo, pero al paso de un año y cinco meses la situación ha vuelto a la normalidad: el robo de gasolina.
Juan Pedro Cruz Frías, presidente municipal de Tlahuelilpan, el pequeño municipio que cobró relevancia internacional, recuerda el suceso de la peor tragedia en la historia del estado.
Él estuvo desde los primeros minutos al pendiente de la situación, en un hecho que marcaría los primeros días del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la lucha en contra del huachicol en el país.
Desde entonces comenzaron los patrullajes de las corporaciones de seguridad en la zona de Tula, la cual desde la anterior administración era azotada por los huachicoleros.
En los primeros días de enero la terminal de Almacenamiento y Distribución de Pemex, ubicada sobre la carretera federal Jorobas-Tula, se llenó de tanques, pipas, ante un desabasto de combustibles en el país por el cierre de ductos, el 27 de diciembre.
Luego se permitió que comenzara a fluir el producto por ductos; casi a la medianoche del 17 de enero un helicóptero de la Marina sobrevoló la región de Tula sin luces, lo hizo tan bajo que casi podía sentirse, hacía vibrar las viviendas de la zona.
Era una fuerza de seguridad en busca de huachicoleros. Al siguiente día, el 18 de enero de 2019, la gente hacía filas en las gasolineras para llevarse en garrafón el combustible. Esa tarde en los límites entre Tlahuelilpan y Tlaxcoapan se registró una fuga de combustible, la gente acudió enseguida para sustraerlo. Lo demás es historia.
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Cruz Frías dice que desde aquel siniestro y por un año el huachicol fue erradicado en su municipio, y en general en la zona, por la operación de las corporaciones de seguridad, entre ellas el Ejército mexicano, la Gendarmería, ahora Guardia Nacional.
En meses recientes ha resurgido el tema, confiesa, y para ejemplificarlo dice que hace algunos días muy cerca de donde se registró el siniestro de 2019 fue localizada una toma clandestina con derrame, y ahí se detectaron 300 metros de manguera. El huachicoleo continúa, admite.
El mandatario municipal señala que hay un trato cordial, amable, coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Guardia Nacional, cuyo personal ha realizado un buen trabajo en la zona, según considera.
Su administración les ha proporcionado ocasionalmente agua para la realización de sus actividades, es la única contribución que hace la demarcación, no se les solicita mayor aportación para costear los patrullajes o su operación en la zona.
Hay labor contra la ordeña de ductos, pero ahora quizá, dice el alcalde, por su naturaleza de fuerzas federales hayan “volteado hacia otro lado”, para atender otros focos rojos, pero insiste en que el huachicoleo está resurgiendo.
Horas después de conceder la entrevista a MILENIO, policías de su demarcación tuvieron un incidente en los límites de Tlahuelilpan y Tetepango por un tema presuntamente relacionado con una toma clandestina.
Javier Cortés, titular de la policía de Tlahuelilpan dijo en entrevista con una radiodifusora local que los elementos de su dependencia localizaron una toma clandestina, la cual entregarían a la Sedena, pero al intentar salir de la zona presuntamente les bloquearon el paso.
El mando policial aclaró que no hubo confrontación, ni siquiera un contacto verbal con los pobladores. Los policías dieron marcha atrás a la patrulla y buscaron otra ruta para salir de ahí.
Tras el incendio del ducto en 2019, en toda la zona se reforzó la seguridad con elementos de la entonces Gendarmería, de la Policía Federal.
Atotonilco de Tula, Tepeji del Río, Tlaxcoapan y Tula de Allende albergaron destacamentos de esa corporación que luego pasaría a ser la Guardia Nacional.
Ignacio Hernández Curiel, un experimentado policía, ahora jefe de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Dspytm), y cuya dependencia hasta antes del ingreso de las fuerzas federales destacaba en la zona por la cantidad de decomisos de combustible robado de ductos de Pemex, dice que la antes denominada Gendarmería es recelosa de su trabajo, por lo que incluso al inicio hubo algunas fricciones pues la corporación federal les impedía acercarse a los incidentes relacionados con ductos.
El trabajo en la materia quedó a cargo de la Gendamería, ahora Guardia Nacional. La policía municipal se encargó de tareas de seguridad pública, y el trato se ha mantenido respetuoso hasta entonces, cada dependencia a lo suyo.
En Atotonilco de Tula, cerca de la carretera federal Jorobas-Tula, en inmediaciones de la comunidad Pedregal, un área que es atravesada por ductos de Pemex, fue localizada una toma clandestina durante un recorrido de la Guardia Nacional.
La toma clandestina estaba conectada a un predio a través de una manguera. Miles de litros fueron decomisados ahí luego de que un juez liberara la orden para el cateo del inmueble en el predio bardeado.
La zona desde hace meses era vigilada por helicóptero de la Guardia Nacional que todos los días recorre la zona de ductos desde la ciudad de México y hasta la refinería de Tula.
Justo en la comunidad El Pedregal días antes y días después del hallazgo el helicóptero hacia un sobrevuelo bajo en círculos, como vigilando muy a detalle la zona.
A diario los habitantes de las comunidades de Atotonilco colindantes con la carretera federal Jorobas-Tula escuchan el helicóptero, que vigila a baja altura los ductos; este sobrevuelo de la Guardia Nacional se suma al que diario también realiza el helicóptero de Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las torres de transmisión. Para los habitantes del pequeño poblado Conejos es común escuchar a diario helicópteros.
Carmen Tovar, un ama de casa de esa comunidad, lava sus trastes mientras atrás de ella pasa el helicóptero de la Guardia Nacional. “Han de estar buscando huachicoleros, yo creo”, suelta con toda calma, con naturalidad.
Sus nietos corren a ver el helicóptero, lo saludan a lo lejos. La escena se repite cada día, pues los niños están en casa por la contingencia sanitaria.
No hay roces, fricciones, entre la población y la Guardia Nacional o las fuerzas federales que operan en la zona, las cuales mantienen constantes operativos.
Hasta ahora, dice Adriana Angélica Martínez Olguín, visitadora regional en Tepeji de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), no hay quejas iniciadas en la región de Tula por el actuar de las corporaciones federales, entre ellas la Guardia Nacional.
Aun así la CDHEH capacitó hace algunas semanas a los mil 80 elementos de la GN asignados a Hidalgo, en aspectos generales de derechos humanos y su perspectiva para el servicio público, a través de 24 conferencias virtuales, desde el 14 de mayo hasta el 24 de junio.
Se destacó el papel de la Guardia Nacional en la construcción de la cultura de la paz y la preservación del orden público, actuando con respeto a los derechos humanos.
Aunque la GN hace poco en tareas de seguridad pública convencional, pues está enfocada en un tema de seguridad nacional, la vigilancia de la infraestructura de Pemex, dice Jovani Miguel León Cruz, alcalde de Tlaxcoapan.
El mandatario aclara que no demerita el trabajo de la GN, pero insiste en que está centrado en el tema del huachicol.
Hay coordinación permanente de la GN con la Dspytm de Tlaxcoapan, aunque el alcalde desearía que se fortalecería el trabajo, para apoyar más a los municipios con las tareas de seguridad, con más patrullajes, más acciones.
Refiere que la baja en el huachicol es mínima, aún con la presencia de la GN, por eso consideró que se requiere fortalecer el trabajo coordinado de las dependencias de seguridad, y con insistencia se ha hecho esa petición.
Mientras tanto el ir y venir de las unidades tierra y aire de la Guardia Nacional por la región es una escena tan común, como desde hace años lo ha sido el huachicol.