La Universidad Iberoamericana Puebla solicitó comenzar a trazar la ruta para el retiro de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad y resaltó la necesidad de una revisión y el rediseño de la estrategia contra la delincuencia.
A través de un documento dado a conocer a la sociedad en general firmado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, y la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, se expresó el rechazo ante el anuncio de un acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como a la propuesta de una reforma constitucional.
“Instamos al Ejecutivo federal a apostar por la revisión y el rediseño de la estrategia de seguridad de carácter integral desde un enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana, y trazar una ruta para el retiro de las fuerzas armadas de estas funciones, garantizando la participación de las víctimas y de una sociedad civil en su construcción”, establece el posicionamiento.
La propuesta de un acuerdo presidencial e incluso de una iniciativa de reforma constitucional para tal efecto, evidencia el incumplimiento del Estado mexicano con sus obligaciones internacionales, añade el posicionamiento de la universidad poblana de carácter privado.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado como regla general, que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primeramente reservados a los cuerpos policiales civiles y que, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”, apunta el escrito.
Resaltó que la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional estableció el plazo de cinco años para la salida de las fuerzas armadas de estas labores al ser una actividad extraordinaria y subordinada al mando civil y, por ello, el texto constitucional, en su artículo 21, establece que la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional.
En su momento, Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, aseguró que la colocación de la Guardia Nacional como un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no es el camino para solucionar los problemas de violencia que se presentan en diferentes partes del país.
Destacó que, en un país en el que 97 personas son asesinadas cada día, recurrir a las fuerzas castrenses como único rescate del orden público puede tener altos costos en materia de derechos humanos y democracia.
AFM