La Universidad Iberoamericana Puebla podrá proponer casos para su análisis y participar en los resolutivos que emita el Consejo Consultivo del Indulto en la entidad que fue instalado para autorizar la liberación de personas mayores de 70 años con padecimientos comórbidos, de mujeres detenidas por el delito de homicidio por causas de parentesco y de indígenas que no hablan español.
Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Ibero Puebla, calificó como positiva la entrada en vigor de la Ley de Indulto y el nombramiento del consejo ante un entorno de desigualdad estructural en la impartición de justicia.
Señaló que, al interior del consejo que es un órgano con representantes del gobierno y de las instancias encargadas de investigar los delitos y de aplicar justica, se evaluarán los casos documentados y se tomarán decisiones colegiadas sobre la aplicación del indulto.
“Dentro del Consejo Consultivo de Indulto en Puebla podemos proponer casos y podemos formar parte de la deliberación en la que se otorga o no los indultos (…). Se trata de una buena acción porque se crea una puerta de salida para despresurizar y para generar pautas de salvavidas útiles para las personas que están encarceladas injustamente, ya sea porque no tuvieron las mismas condiciones estructurales de defenderse y de acceder a la justicia o porque fueron víctimas del uso faccioso del aparato de justicia”, explicó Patrón Sánchez.
En entrevista para MILENIO Puebla, el rector de la institución que forma parte del Sistema Universitario Jesuita lamentó que no todos los habitantes puedan tener el mismo acceso a la justicia y existan diferentes limitantes por diferentes condicionantes.
Destacó que bajo la premisa de que no todos los ciudadanos cuentan con acceso a la justicia, en las cárceles se encuentran personas de origen indígena, mujeres pobres y adultos mayores que no tuvieron la misma oportunidad de defensa.
El pasado martes 21 de abril, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, encabezó la instalación del Consejo Consultivo del Indulto en Puebla que tiene en calidad de presidente al secretario de Gobernación, David Méndez Márquez; a José Luciano Osorio Couttolenc como secretario técnico.
En el consejo participan Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia; el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal; el secretario de Seguridad Pública estatal, Raciel López Salazar; María Elena Bravo Hernández, miembro del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres; el rector de la Universidad Iberoamericana, Ernesto Patrón Sánchez; y Gerardo Tejeda Foncerrada, presidente de la Escuela Libre de Derecho.
Actualmente, el consejo tiene conocimiento de que hay 309 casos de indígenas que no hablan lengua española y que por ende desconocen la forma en que fue dictada su sentencia condenatoria, además de cinco casos de mujeres acusadas por el delito de homicidio por parentesco y en el penal de San Miguel existen 84 casos de reos con padecimiento mental.
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