Para bajar los actuales niveles de impunidad, es necesario aumentar el número de jueces y fiscales en México, lo que podría tardar hasta una década, según advirtieron expertos de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
“Los cambios sustantivos en la manera de impartición de justicia no van a cambiar a este ritmo, sino hasta dentro de una década, al menos. Las capacidades del sistema de justicia, sobre todo en los estados, es muy baja.
“Si vemos el nivel de jueces locales que hay para atender las necesidades de su población, sigue siendo muy baja. También el porcentaje de fiscales”, sostuvo el académico Gerardo Rodríguez, durante la presentación del Índice Global de Impunidad (IGI) 2020.
De acuerdo con el estudio presentado este miércoles, del que MILENIO ha dado cuenta, México tiene apenas 2.17 jueces por cada cien mil habitantes, una cifra que contrasta con los 42.77 jueces por cada cien mil habitantes con los que cuenta Eslovenia, el país con menores índices de impunidad en el mundo según el IGI 2020.
Por su parte, el rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez, hizo un llamado al gobierno federal para que invierta más y de mejor manera en el robustecimiento del sistema de impartición de justicia. Esto, con la intención de reducir la impunidad y, a través de esto, la corrupción, sin descuidar los principios de austeridad que han sido proclamados por Andrés Manuel López Obrador desde su llegada a la presidencia.
“No se va a mejorar si reducimos sueldos, no se va a mejorar si reducimos recursos para poder funcionar adecuadamente. El Presidente tiene el corazón en el lugar correcto y está haciendo, desde ese punto de vista, las cosas que deberían verse en México.
“La austeridad es correcta en el sector público, también ayudar a la gente que menos tiene y transferir recursos de esa manera. También eso es correcto. Pero también deberíamos de estar utilizando muchos recursos (…) en ayudar a que el sistema de justica, el sistema de seguridad se robusteciera”, abundó al respecto.
El rector también lamentó que en, los últimos cinco años, no se haya podido mejorar la situación de impartición de justicia en el país y externó su preocupación sobre las tendencias, tanto a nivel federal como estatal, a reivindicar penas más fuertes y apelar a la prisión preventiva oficiosa como solución a la crisis de seguridad y violencia.
“La experiencia que hemos acumulado a lo largo de estos cinco años, en todos los estudios que ha hecho nuestro centro de seguridad y justicia, dejan en claro que ese no es el camino para mejorar, ni la capacidad, ni el funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia, y, por lo tanto, para acabar con la impunidad”, explicó en conferencia de prensa.
Sobre la implementación del nuevo sistema de justicia en el país, el coordinador del IGI 2020, Juan Antonio Le Clercq, dijo que parece ser el camino correcto para abatir la impunidad en el país, pero señaló que han detectado algunos problemas que obedecen a voluntad política.
“Es un modelo correcto, hemos avanzado en él desde la década pasada, el problema no está, necesariamente, en la definición del modelo (…) Tiene que ver con otro tipo de problemas, que son más de voluntad política”, sostuvo.
Por último, tanto el rector Derbez como los dos académicos responsables del estudio, coincidieron en que en México se deben fortalecer las capacidades de las policías municipales, pues estas son uno de los primeros puntos donde la delincuencia organizada corrompe al sistema de justicia y se perpetra la impunidad.
LP