La industria minera en México está favoreciendo la destrucción ambiental y la violencia con daños irreversibles y arrasadores en los ámbitos ambiental, social y legal, ante lo cual, se requiere de la defensa por los derechos humanos en las comunidades afectadas por el extractivismo.
En el punto anterior coincidieron Valentina Campos Cabral, titular del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga de la Universidad Iberoamericana Puebla, y Leticia Merino Pérez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para quienes el país se encuentra en un momento histórico para impulsar espacios de diálogo y defender los derechos humanos.
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Campos Cabral resaltó la importancia de abrir la discusión sobre la defensa por los derechos humanos en las comunidades afectadas por los proyectos de mina y el extractivismo de diferentes materiales.
“Estamos en un momento histórico que define el futuro de los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, pero también del cuidado de la casa común”, resaltó Campos Cabral.
Por su parte, Leticia Merino Pérez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó que los proyectos mineros impulsan el deterioro a la salud al que se exponen las comunidades que están cerca de las minas, que se ven afectados por la minería a cielo abierto.
“Esta práctica es la más nociva y la más recurrente, ya que consiste en perforar la corteza superficial del suelo e inyectar grandes cantidades de agua o químicos para extraer minerales con facilidad, lo que contamina el agua que llega a los hogares y mata los suelos para siembra”, apuntó.
La especialista identificó un punto de quiebre para México en 1995, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), porque se implementó un paquete de reformas legales que permitió la comercialización indiscriminada de los recursos naturales del país, en especial, sus minerales.
Señaló que el auge convirtió al país, y posteriormente a América Latina, en las regiones predilectas para la explotación de bienes a costa de un discurso de economía neoliberal que, hasta la actualidad, argumenta que es necesario para acabar con el hambre, la pobreza, y tener un desarrollo sustentable.
“Es una infamia sostener que la minería puede contribuir a la sustentabilidad. La defensa de los bienes comunes, del subsuelo, de las formas de vida campesinas, de los derechos, son centrales para la construcción de la sustentabilidad en el país”: Dra. Leticia Merino Pérez.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de 1970 a 2017 la extracción de minerales creció un 622 por ciento, en los que se alcanzaron tres mil 972 millones de toneladas al año. El subcontinente se encuentra en una paradoja al contener la mayor riqueza natural en el globo y las mayores tasas de deterioro ambiental.
Señaló que México es el lugar ideal para las empresas transnacionales mineras, pues es el quinto país en el mundo con mayor diversidad biológica, y alberga grandes depósitos de litio, oro y cobre. Además, la ley minera de 1992 que está vigente beneficia y avala la extracción de minerales de forma masiva y prácticamente sin restricciones.
“Nos encontramos con la paradoja de que a partir de regiones muy pobres están generando en los mercados financieros grandes ganancias, que generalmente se van fuera del país sin generar un solo empleo, ni un solo peso de impuestos. Esta es una situación aberrante que permite la ley minera del 92”, destacó la investigadora.
AAC