El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso del estado, Octavio Magaña Soto, dio a conocer que la iniciativa para crear un Protocolo para la activación de una alerta de violencia de género terminó en un acuerdo interno al interior de la Comisión debido a que era improcedente.
Indicó que una alerta de este tipo es de competencia federal por lo que se le hizo saber a su promovente, la diputada Lisset Marcelino Tovar, para fortalecer la iniciativa y dirigirla al Congreso de la Unión.
Un acuerdo interno, explicó el área técnica del Congreso, se emite en Comisiones porque el asunto o iniciativa carece de materia o es improcedente por cuestiones legales, presupuestales, constitucionales, sociales o porque su contenido ya se encuentra en otros ordenamientos.
Por su parte, la diputada Lisset Marcelino, comentó que su iniciativa se volvió a inscribir al interior del Congreso y apuntó que intentará que salga adelante hasta el final de la legislatura.
La última sesión del periodo ordinario de sesiones del Congreso fue este miércoles y en agosto solo habrá Diputación Permanente previo a la conclusión de la LXV legislatura el 4 de septiembre.
A finales de noviembre de 2022 la diputada local de Morena, Lisset Marcelino Tovar, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para crear el Protocolo para la Activación de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Hidalgo, la cual fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictaminación.
De acuerdo con la legisladora la iniciativa tiene por objeto proteger, garantizar la integridad, libertad y seguridad así como el acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas en el estado de Hidalgo partiendo del cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades que vulneren sus derechos.
Así, se propuso que la alerta de violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes tendría como objetivos: garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad así como el acceso a la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes; generar las condiciones y políticas públicas que contribuyan a la disminución y cese de la violencia feminicida en su contra; y eliminar la desigualdad y discriminación producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que agravian los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.