Problemas como el robo de gas a Petróleos Mexicanos (Pemex), el crecimiento del mercado ilícito y la inseguridad, se mantienen como pendientes por falta de voluntad política, la ausencia de coordinación entre los tres niveles de gobierno y la necesidad de planes de inteligencia que contrarresten sus operaciones.
En el punto anterior coincidieron los investigadores en Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, decano de Ciencias Sociales; y Matías Rivero Marines, investigador en temas de seguridad pública, para quienes bajó la percepción de inseguridad en estados como Puebla por el confinamiento obligado por la pandemia, pero los problemas de seguridad se mantienen.
Durante la mesa de análisis “El estado de derecho para la construcción del bien común y desarrollo de la sociedad”, Sánchez de la Barquera resaltó que el gobierno cuenta con los recursos para enfrentar los problemas de inseguridad y el robo de combustible; sin embargo, falta voluntad y planes estratégicos para enfrentar los problemas.
Después de que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas reveló que el crimen organizado robó en 2029 hasta 14 por ciento del hidrocarburo desde 23 mil tomas clandestinas, problema que se concentra en 10 entidades, entre ellas, Puebla, Sánchez de la Barquera señaló que el mayor problema es que se normalice el problema.
“Es un asunto de voluntad porque dinero hay. Falta la voluntad no solo para gastarlo, sino para saber cómo gastarlo para fijar estrategias. Cuántos años llevamos de gobierno, ya tiene un año de la marcha de los estudiantes exigiendo justicia y no pasa nada. A nivel nacional, estamos peor. Se estancó el número de homicidios, pero muy arriba. Yo no veo las estrategias”, apuntó el académico.
Señaló que las medidas para colocar a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano con atribuciones de autoridades civiles como la construcción de aeropuertos y obras civiles, así como distribuir vacunas y cuidar centros de aplicación, afectan el estado de Derecho.
“No acabo de encontrar la estrategia con la Guardia Nacional que sí es militar. Está el control civil de las fuerzas armadas, de pronto, tienen atribuciones de autoridades civiles como construir trenes, construir bancos, construir aeropuertos, cuidar puestos de vacunación, pero no son tareas de los militares. Esto no abona al estado de derecho y pervierte la función de las fuerzas armadas, las coloca vulnerables y ante un panorama para corromperse”, expresó.
Por su parte, Matías Rivero Marines, investigador en temas de seguridad pública de la carrera de Derecho de la Upaep, explicó que, aunque existe una percepción de que están disminuyendo los problemas de inseguridad, en la realidad, la pandemia del covid-19 y el confinamiento están influyendo en que la población esté dando más importancia a otros problemas.
En Puebla, de acuerdo los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) con datos a marzo de 2021, ocho de cada diez habitantes en la capital poblana consideraron que vivir en su ciudad es inseguro.
“Las condiciones de inseguridad pública son multifactoriales. Tuvimos un descenso en la percepción de inseguridad por el tema pandémico. Lo que no pudieron hacer las autoridades de seguridad, lo hizo un virus. De nueva cuenta, con este regreso a las actividades, seguramente, habrá un aumento de la incidencia”, apuntó.
mpl