En estados como Puebla y, en general, en todo el país, se presenta una política ambiental “muy frágil”, con insuficientes capacidades institucionales para proteger los ecosistemas y la imposibilidad de garantizar el derecho a un medioambiente sano.
De acuerdo con el análisis “Números de la injusticia ambiental: la medición de la impunidad en México”, realizado por los investigadores de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Celeste Cedillo, del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, Juan Antonio Le Clercq, decano de la Escuela de Ciencias Sociales, se resalta la necesidad de impulsar acciones para la protección del medio ambiente.
En todos los estados del país se presenta un determinado grado de impunidad ambiental. En particular, en Puebla, así como en las entidades de Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Estado de México, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León, Chiapas, Campeche y Baja California Sur, el grado de impunidad ambiental se puede catalogar como medio.
El estudio muestra que, en el país, existe un desempeño que se puede calificar como “mediocre” en materia ambiental y una capacidad institucional “muy reducida” para garantizar la protección medioambiental y el disfrute de un medio ambiente sano.
La impunidad ambiental, en un sentido amplio, integra la imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos y daños en contra del medioambiente; el incumplimiento de objetivos de política ambiental y climática, así como la inexistencia de estrategias y programas de políticas públicas intergeneracionales, define el análisis.
El estudio muestra que la mayoría de las entidades del país cuentan con capacidades y recursos limitados que no será posible hacer frente con efectividad a las consecuencias naturales y humanas de la crisis ambiental global y el cambio climático.
Ante los daños al medio ambiente, los investigadores de la universidad poblana resaltaron la importancia de medir grados de impunidad ambiental como una forma de operacionalizar problemas de justicia.
Al mismo tiempo, los autores propusieron el desarrollo de sistemas de indicadores más confiables en materia ambiental, el valor explicativo de las capacidades institucionales, la complejidad involucrada en la medición de los delitos y el daño ambiental, entre otros temas.
En su análisis, se expresa la necesidad de un concepto amplio vinculado a la interpretación de delito y daño ambiental de la criminología verde; también explica la construcción metodología, la definición de dimensiones, la selección de indicadores y los criterios básicos de su modelo estadístico.
“Sin capacidades institucionales y recursos financieros no es posible implementar políticas que efectivamente protejan el medioambiente, mucho menos en un contexto donde las alteraciones a ciclos y procesos naturales señalan la irrupción del Antropoceno”, destaca el análisis.
A la devastación de ecosistemas y el abuso en la extracción de recursos naturales, se añade una capa de complejidad como resultado de prácticas corporativas voraces, corrupción de autoridades y el involucramiento creciente de organizaciones criminales en el saqueo de recursos, agrega el estudio.
CHM