Por primera vez en la historia de las diferencias por límites territoriales que mantienen los estados de Jalisco y Nayarit, el gobierno estatal jalisciense interpondrá una controversia constitucional al artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit. Dicho articulado tuvo una modificación en el Congreso Local para agregar al territorio nayarita un 40 por ciento del patrimonio territorial de la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, en Jalisco.
El secretario general de gobierno en Jalisco, Roberto López Lara, informó que existe una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación del gobierno federal en la que participan autoridades de Jalisco y Nayarit en la que existe “una buena comunicación”. Sin embargo se procederá al proceso judicial.
“Vamos a presentar una controversia constitucional por los límites para dejar sin efecto el decreto que reforma el artículo 16 de la Ley de División Territorial del estado de Nayarit. ¿Con qué objeto? Para que se salvaguarden los usos y costumbres de los habitantes de San Andrés Cohamiata y que no se vea afectada su cultura, ni sus usos y costumbres y aparte esos territorios son del estado de Jalisco”, dijo.
Este proceso continuará hasta “mientras” en Nayarit “no bajen el decreto de reforma como se comprometieron”. El gobierno de Jalisco contempla presentar material cartográfico y el historial del territorio. Roberto López Lara sentenció: “no vamos a ceder ni un metro”.
En 1989, el estado de Nayarit retiró más de 3 mil hectáreas al estado de Jalisco y durante esos 29 años no se había realizado un proceso legal por parte de las autoridades jaliscienses.
Por otra parte, será el lunes cuando las autoridades federales y estatales puedan informar sobre el camino que se seguirá para solucionar las peticiones de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán. Ellos solicitan la entrega pacifica de tierras que les pertenecen y las indemnizaciones a posesionarios de Huajimic.
Las dependencias que se reunieron en la mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación fueron la subsecretaría de gobernación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría Agraria.
Roberto López Lara aseguró que se trabaja para lograr la entrega de mil 500 hectáreas de las 10 mil que piden de regreso la comunidad indígena. Esto porque sólo hay cuatro sentencias definitivas que abarcan las mil 500 hectáreas señaladas.
El funcionario pidió que este tema “no sea un flan político donde en estos momentos todo mundo quieran sacarle raja. Nosotros estamos gobernando, estamos preocupando porque a los comuneros de San Sebastian Teponahuaxtlán sus sentencias que ya son favorables, para ellos se les restituya”.
Respecto al bloqueo que impide que candidatos, personal y material que tenga relación al proceso electoral ingrese a la comunidad, el secretario hizo un llamado a la comunidad para que al igual que ellos “reclaman” se respete a otros “intereses y factores” que tiene la propia comunidad.
MC