A través del panel Violación de los Derechos Humanos de jornaleros y jornaleras agrícolas en México, el Centro de Desarrollo Indígena LOYOLA, expuso recomendaciones que la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas han emitido dirigidas al Congreso del Estado y a la Secretaría de Migración sobre estrategias a realizar para mejorar la calidad de vida de este sector de la población en nuestro país.
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A través de este panel se exhibieron las principales violaciones a los derechos humanos con las que la población jornalera agrícola, rural, campesina e indígena tiene que subsistir. Entres los cuales incluye el derecho a la identidad, a una vivienda digna, a la salud, a la educación, al libre tránsito, a la alimentación y al trabajo.
Estos jornaleros sufren de violación a su derecho a la identidad porque no cuentan con papeles oficiales como el INE, acta de nacimiento, cartilla de vacunación, etc. O son víctimas de fraude con documentos falsos, además de que se los roban mientras migran. Además de que su derecho al trabajo pasa desapercibido por los patrones, pues no se les brinda un contrato de trabajo legal que garantice las prestaciones que marca la Constitución.
Su derecho a una vivienda digna se violenta puesto que con su constante migración, las familias jornaleras deben rentar alojamientos. Dichos espacios que se les ofrecen son simples terrenos al aire libre, bodegas o casas en estado de obra negra. Por lo que no cuentan con los servicios básicos para una vida digna, como son agua, luz o drenaje.
En cuanto al derecho a la salud es común que las familias jornaleras sufran de carencias por pobreza endémica. Además de la deficiente atención que aseguran se les brinda en los Centros de Salud, donde se les niega el servicio a partir de estereotipos de los que son víctimas o porque no cuentan con traductores para la atención y seguimiento a los casos de estas familias.
Los niños, niñas y adolescentes no ejercen su derecho a la educación, pues desde los 6 años comienza su vida laboral en los campos de cultivo. Por lo cual de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI 2013) al menos 711 mil 688 niños y niñas de este sector tienen como actividad principal el trabajo remunerado como jornaleros agrícolas, oficios diversos y trabajos domésticos.
Por estas y más razones, dichas recomendaciones abaracan a nivel federal desde una nueva edición de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, la cual no se realiza desde el 2009. Además del diseño de políticas públicas para atender a estas problemáticas, garantizar condiciones laborales dignas basadas en la Ley Federal del Trabajo y el establecimiento de acuerdos interesatatales para beneficio de los migrantes.
En cuanto al estado de Guanajuato, se solicitó la revisión de la Ley de protección de los Derechos Humanos y derivantes, además de la activación del Sistema para el Desarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guanajuato. Así como impulsar e invertir en infraestructura y acciones junto con la SEG para que las infancias jornaleras continúen con sus estudios de educación básica.
ESTADÍSTICAS EN MÉXICO
Señalaron que en México existen más de 3 millones de jornaleros(as), de los cuales el extinto Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) estimó en 2009 que el 40 por ciento son indígenas.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) entre 2005 y 2018 se agregaron a las filas de los asalariados del campo casi 900 mil personas, de las cuales el 88 por ciento son hombres y 12 por ciento mujeres.