Jueces de distrito y magistrados de circuito en Guanajuato del Poder Judicial de la Federación, junto con la base trabajadora, que en total suman 800 personas, suspendieron sus actividades desde las 10 de la mañana de este miércoles, como parte de sus protestas contra la reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la sede del Poder Judicial de la Federación de Guanajuato capital; al grito de: ¡Poder Judicial, contrapeso nacional!, trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Guanajuato se sumaron al paro indefinido en protesta a la reforma constitucional; durante el paro, se atenderá menos del 10 por ciento de los casos y serán los urgentes, como los que afecten la vida, es decir, malos tratos, o libertad de las personas, refirió el magistrado Daniel Alberto Rojas Caballero, quien está adscrito al primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa.
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"Los asuntos urgentes básicamente son los penales, los asuntos que tienen que ver con la salud de las personas, servicios indispensables como agua potable o energía eléctrica, los temas familiares y además, le da una amplitud a los jueces, sobre todo a los jueces de distrito, que es nuestro primer campo de actuación para en cada caso atender y ver las circunstancias de cada caso a ver si lo tramita como urgente o no, pero hay un catálogo de esos asuntos", indicó el magistrado.
La reforma al Poder Judicial promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, contempla que los ministros, magistrados y jueces sean designados mediante mecanismos democráticos en los que la ciudadanía pueda participar. Además, considera la reducción del número de ministras y ministros, pasando de 11 a 9 integrantes, así como su periodo en ocupar el cargo, pasando de 15 a 12 años.
Dicha reforma también incluye la eliminar la pensión vitalicia para ministros y que su salario se ajusta al tope establecido para el presidente de México.
"No permitiremos que la justicia sea sacrificada; nuestra lealtad siempre será con la justicia, con la verdad y con los derechos; a todo el pueblo decirles que es nuestro deber, nuestra responsabilidad y nuestra lucha, que este sea un momento de reflexión y de acción de nuestra lucha, que se escuche fuerte y clara, la justicia no se vende y no se silencia", dijo el magistrado, Armando Díaz López.
De acuerdo a la circular 16/2024, se establecen aquellos asuntos catalogados como urgentes y los cuales serán atendidos por el personal que se encuentre realizando actividades.
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"Los asuntos que se van a tramitar como urgentes, esos básicamente son los asuntos penales, que tienen que ver con la salud de las personas, servicios indispensables como agua potable o energía eléctrica y los temas familiares", señaló.
En la circular 16/2024, se establece que en los Centros de Justicia Penal Federal son: "urgentes las determinaciones referentes a la calificación de detenciones, las vinculaciones a proceso, la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y las determinaciones sobre extradición".
El documento señala que, en los Centros de justicia y Juzgados de Distrito Especializados en materia de ejecución, se consideran urgentes aquellas decisiones que impliquen peligro a la vida o integridad; además de las "gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; beneficios preliberacionales ya determinados pendientes de ejecución; y acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento que versen sobre atención médica".
El magistrado, Saúl Hernández, aseveró que quienes integran esta manifestación son personas trabajadoras en libertad y no por presión o conveniencia. Indicó que la reforma amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta el estado de derecho.
"Estamos aquí personas juzgadoras y personas trabajadoras que compartimos causas comunes y anhelos legítimos; repito, estamos aquí personas juzgadoras y personas trabajadoras en libertad, no por presión o conveniencia", dijo el magistrado Saúl Hernández.