Poder Judicial de Guanajuato impugna reforma judicial ante la Corte; controversia se asigna a ministro

El recurso legal fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien en los próximos días deberá decidir si la admite a trámite.

La última palabra sobre la reforma judicial sigue estando en manos de la Suprema Corte | ESPECIAL
Rubén Mosso y
Guanajuato /

El Poder Judicial del Estado de Guanajuato presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en la que impugna la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF).

El recurso legal fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien en los próximos días deberá decidir si la admite a trámite.

Es de mencionar que el pasado 8 de octubre, el ministro admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el ex gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, quien también impugnó la reforma judicial.

Próximos pasos

Se espera que en las próximas semanas el ministro González Alcántara Carrancá emita una resolución sobre la admisión o no del recurso presentado por el Poder Judicial de Guanajuato. De admitirse, el caso podría ser analizado en profundidad y llevar a una serie de audiencias y resoluciones clave. 

Sin embargo, la última palabra sobre la reforma judicial sigue estando en manos de la Suprema Corte, que deberá equilibrar los principios de independencia judicial con los cambios propuestos por la reforma.

La reforma al Poder Judicial de la Federación ha generado un intenso debate en los últimos meses, ya que incluye una serie de modificaciones que, según sus críticos, podrían afectar la autonomía y la independencia de los jueces federales

Entre los puntos más controvertidos se encuentran la reorganización de tribunales y la creación de mecanismos de supervisión y sanción a jueces, lo que algunos sectores interpretan como una intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial.

Diversos actores del ámbito judicial han expresado su preocupación, señalando que estas reformas podrían poner en riesgo la imparcialidad de las resoluciones judiciales y minar la confianza en el sistema de justicia.


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