En su última actividad como presidenta del Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Katya Morales Prado, hizo un llamado a los guanajuatenses a tomar la responsabilidad que les toca para tener un mejor estado y país, así como sumarse a los grupos que trabajan para poco a poco lograr que así sea.
"Todos somos responsables de combatir la corrupción, todos, no un comité, no el gobierno, no el vecino, todos somos responsables de combatir la corrupción, los invito a que todos tomen esa responsabilidad", mencionó.
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Luego de cinco años al frente de este comité, destacó como uno de los grandes logros la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción, integrada por 10 organizaciones empresariales, 8 universidades, consejos de profesionistas que integran a 200 colegios municipales, 5 observatorios ciudadanos y una Red Estatal de Jóvenes Anticorrupción.
"Porque son ciudadanos que representan varios sectores de la sociedad, los empresarios, los profesionistas, los estudiantes que nos dan su visión, nos dan su acompañamiento, trabajan de manera gratis intensamente, están comprometidísimos en la corrupción"
A partir de hoy quedará al frente, Andrea González Polak, con quien inició este grupo de ciudadanos responsables y a quien pidió seguir fortaleciendo la red, apoyarse de ella, recorrer el estado de Guanajuato, así como lograr la cristalización de la Ley de Contrataciones Públicas del estado de Guanajuato, que fue parte del trabajo del CPC.
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"El reto que tenemos enfrente, primero que nada es lograr que la iniciativa que se presentó en el congreso desde los días pasados, se cristalice en una ley y que las autoridades se suban a la plataforma digital estatal, carguen los datos y que atiendan las recomendaciones no vinculantes".
Desde otra trinchera, trabajará en el combate a la corrupción junto al gremio de la Barra Mexicana de Abogados de la que también forma parte.
El Comité de Participación Ciudadana es una instancia de origen constitucional que tiene como objetivo vincular a las autoridades que conforman el Comité Coordinador y a las organizaciones sociales y académicas.
Algunas de sus funciones consisten en elaborar y proponer proyectos de recomendaciones no vinculantes y políticas en materia anticorrupción al Comité Coordinador, opinar y proponer indicadores para medir el fenómeno de la corrupción, proponer exhortos de aclaración sobre hechos de corrupción y dar seguimiento al Sistema Estatal Anticorrupción.