La laguna de los siete colores en Bacalar, Quintana Roo, enfrenta una nueva amenaza: un desarrollo inmobiliario de 950 casas impulsado en una zona de conservación que repentinamente fue eliminada de los registros de la Semarnat, donde ya talaron cuatro hectáreas de selva para caminos, lo que motivó diversas denuncias ciudadanas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien sólo impuso una multa de cien mil pesos y que no logró frenar su comercialización.
Arrivée Lagon Bacalar se promociona como un “Proyecto eco-residencial” de 400 lotes y 950 unidades de vivienda, a través de dos sitios web y donde se ofertan los lotes en pre-venta desde 1.4 millones de pesos en el poblado Buenavista, a la orilla de la laguna.
“En Arrivée se puede vivir en armonía tanto con la selva como con la laguna, en un santuario tropical único. Tendrá un impacto ambiental mínimo. Sus 950 unidades de vivienda sólo impactarán en el 7.5 por ciento de la superficie total prevista para el desarrollo, lotes residenciales en Buenavista”, se promociona en el sitio web, con fotografías del bello paisaje.
Se indica que el desarrollo incluye áreas para condominios que contarán con una gama de servicios de lujo, con un área hotelera y comercial; afirma que “sus caminos totalizan el 23 por ciento del área total y los materiales naturales se mezclarán bien con la vegetación y el subsuelo circundante”.
Desde noviembre de 2020, vecinos se percataron de que trabajadores de la desarrolladora Depi del Caribe S.A. de C.V. realizaron el desmonte de selva, en un predio que colinda con el fraccionamiento Condominios La Fe, desarrollado hace 20 años con la condicionante de dejar como zona de conservación 135 hectáreas silvestres, sitio donde ahora la empresa pretende desarrollar el “proyecto eco-residencial” Arrivée.
Bajo la figura de Unidad de Manejo Ambiental, ese predio quedó establecido bajo el registro SEMARNAT/UMA/EX/0056-05/QROO, “UMA-Casas La Fe”, con la finalidad de “protección y conservación de los recursos naturales”, de carácter irrevocable.
“Nosotros, a través del consejo de vigilancia del condominio pusimos una denuncia ante la Profepa y la Fiscalía por el desmonte de los caminos que estaban haciendo de 10 metros de ancho, ellos argumentan que ya existía, pero no es así porque hay 72 lotes en el frente que saben que no había caminos ahí. Profepa determinó que el área afectada son cuatro hectáreas por caminos, pero eso interrumpe todo el corredor biológico y solo les puso una multa solidaria de 100 mil pesos a dos personas”, dijeron miembros del Consejo Ciudadano y Científico PRO-Restauración y Preservación del Acuífero y Sistema Lagunar de Bacalar.
Cuando los vecinos de Condominios La Fe comenzaron a tramitar la denuncia, se percataron de que la UMA-Casas La Fe desapareció de los registros de Semarnat sin ninguna explicación; la dependencia indicó a esta reportera que ese registro fue revocado de manera definitiva desde el pasado el 17 de abril de 2012, pero no proporcionaron más información sobre los motivos de la revocación.
El resolutivo de Impacto Ambiental de la Semarnat fue emitido en septiembre de 2001 para el proyecto Casas la Fe, en el que se autorizó la construcción de 59 condominios unifamiliares en 29.6 hectáreas, el 18 por ciento del predio, por lo que instruyó que las 135 hectáreas restantes “se mantendrán bajo un esquema de conservación, las cuales representan el 82 por ciento de la superficie del predio”, según se manifiesta en el estudio de impacto ambiental con número de oficio No. DFQR/ 0797/ 2001.
“En el permiso original, de 2001 sale descrita toda el área de la UMA como zona de conservación, fue a cambio de esa UMA que les otorgaron la posibilidad de poder subdividir y otorgar densidad en lo que ahora es condominios La Fe, luego subdividen y esa UMA que supuestamente era definitiva, ahora la desaparecen y es donde pretenden hacer ese fraccionamiento que se llama Arrivée, pero la UGA sigue sin densidad en el Programa de Ordenamiento Territorial vigente para Bacalar”, resaltaron los denunciantes.
La Unidad de Gestión Ambiental del Programa de Ordenamiento Territorial (POET) de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, indica que para costa Bacalar son incompatibles los asentamientos humanos, centros de población, infraestructura, turismo hotelero, entre otros usos, ya que tiene una política de conservación y se mantienen sin densidad.
Los inconformes presentaron la denuncia popular en contra de Depi del Caribe S.A. de C.V., así como en contra de María Guadalupe Pérez Váldez, Buy Bacalar y quién resulte responsable por el desmonte del predio, que no cuenta con densidad, según el PAOT vigente.
En abril pasado, inspectores de la Profepa realizaron la visita técnica correspondiente ante quienes los denunciados confirmaron que no contaban con la autorización de impacto ambiental. Los inspectores estimaron que el desmonte de arbolado nativo para abrir caminos afectó un total de 4 hectáreas, por lo que clausuraron el sitio e impusieron una multa de solo cien mil pesos, ni siquiera el costo de uno de los lotes en pre-venta. MILENIO buscó a la Profepa, sin obtener respuesta.
“Nosotros no vemos que la autoridad haga algo al respecto, la empresa no tiene ningún permiso para hacer su desarrollo y menos para deforestar la selva; si nadie protege la selva, si a la autoridad no le interesa la biodiversidad, la fauna nosotros vamos a defenderlo, porque ya Bacalar es un ecosistema muy delicado”, dijo Nicolás Uribe, vecino.
dmr