El Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos, MPI, presentó un estudio en el que estima que la mejor opción para que millones de migrantes puedan permanecer en el país es la aprobación de una legislación firme que sustituya los mecanismos actuales, como las reformas por decreto presidencial, que han fracasado tres veces en los últimos 20 años.
Los primeros en fila para legalizar su situación en el país son 14 millones de inmigrantes, incluyendo a los llamados “soñadores”, entre 1.1 y 5.6 millones de trabajadores esenciales, personas protegidas, 2.4 millones de agricultores y 3.4 millones que son padres o familiares de ciudadanos estadounidenses.
"Resulta fundamental que el Gobierno aborde la situación de la población irregular para establecer un sistema migratorio viable en los próximos años", apuntan los autores del estudio. "Y si bien la legislación puede ser más o menos amplia, la protección legal permanente que brinda no solo sirve a los intereses de estas personas, sino también a los de todo el país".
En un clima político tan polarizado como el de hoy, una posible legislación se enfrenta a numerosos problemas. Sus opositores cuestionan que podría funcionar como una recompensa a los infractores, mientras sus partidarios recalcan el beneficio cultural y económico que aportan a las comunidades.
“La incapacidad para resolver el estado de los inmigrantes no autorizados durante más de dos décadas ha frustrado cualquier plan de una reforma más amplia del sistema de inmigración estadounidense, que requiere una actualización urgente", lamentó el MPI.
Las medidas tomadas “por decreto” son fáciles de revocar por la siguiente administración, por lo que el instituto propone al gobierno estadounidense que recurra a ciertas provisiones legislativas, algunas en desuso, para regularizar por ley a los migrantes. Por ejemplo, la disposición de registro que permite comenzar el proceso de legalización para los inmigrantes que llevan en el país un periodo prolongado.
También sugiere modificar las leyes existentes, al introducir, por ejemplo, una enmienda para reactivar la "cancelación directa" de una deportación: si un migrante que lleve al menos siete años en el país "demuestra buen carácter moral y que su deportación les causaría dificultades extremas a su familia y compatriotas, podría solicitar la suspensión de sus procedimientos de deportación y, posteriormente convertirse en residentes permanentes".