Habitantes de comunidades y municipios de Quintana Roo y Veracruz presentaron demandas de amparo en contra del Poder Legislativo de la Federación, por ocho años de retraso de la publicación de la Ley General de Aguas (LGA), conforme lo mandata la Constitución, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
“Ambos amparos solicitan, respectivamente, a la autoridad judicial, ordenar en la sentencia a las autoridades responsables –en este caso el poder Legislativo Federal- cumplir de manera cabal con su obligación y legislar sobre el derecho humano al agua, emitiendo la Ley General de Aguas de acuerdo con los criterios anteriormente detallados”, indicó el Cemda.
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En un comunicado, el Centro recordó que el 8 de febrero de 2012, se modificó el artículo cuarto constitucional para incorporar el derecho humano al agua y al saneamiento; mientras que en el artículo Tercero Transitorio del Decreto se estableció un plazo de 360 días para que el poder Legislativo Federal emitiera la Ley General de Aguas, lo cual no ha ocurrido hasta ahora.
De esa forma, residentes de Cancún, Chetumal, Cozumel, Solidaridad y Othon. P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, así como personas integrantes de las comunidades de los municipios de Jalcomulco y Teocelo, en el estado de Veracruz, presentaron sendas demandas de amparo ante el poder Judicial, indicó el Cemda.
En el caso de los manifestantes de la Península de Yucatán, señalaron que 98.5 por ciento del agua que se utiliza en la zona es subterránea, por lo que la contaminación es uno de los mayores riesgos para la subsistencia del recurso.
El Cemda detalló que uno de los rasgos más peculiares de la región es el hecho de que el 90 por ciento de su superficie está a menos de 200 metros sobre el nivel del mar. Debido a ello y a las características kársticas del suelo, el escurrimiento de agua es totalmente subterráneo, dada la permeabilidad de la roca caliza y constituye el espacio donde se encuentra la mayor parte de los cenotes de la península.
“Es necesario que la LGA incluya contenidos diferenciados para la cuenca, porque hidrológicamente estamos ante circunstancias diferentes del resto del país, que ponen en riesgo la seguridad hídrica ante el crecimiento poblacional, el cual se potenciará con la llegada de megaproyectos como el Tren Maya”, señala la demanda de amparo.
Por su parte, el amparo presentado en Veracruz establece que “es urgente la expedición de un marco jurídico que garantice el derecho al agua de manera sostenible y culturalmente adecuada”; además, considera que el proyecto de vida de los manifestantes da cuenta de la importancia de contar con una normatividad que incorpore estos elementos.
Lo anterior se refiere a que en la cuenca del río La Antigua -que corre desde el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, en el centro de Veracruz, hasta su desembocadura en el Golfo de México-, las personas y comunidades indígenas, campesinas y rurales que habitan en esta región realizan actividades económicas tales como la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo, al tiempo que han construido en su territorio un patrimonio intangible compuesto por los saberes ancestrales, rituales y tradiciones culturales y espirituales que están vinculadas con el agua.
Es así que, para ellos, la constitucionalidad de la legislación en materia de aguas depende de que la perspectiva y manejo indígena y campesino, así como la gestión integrada de la cuenca sean plasmadas en ella.
LP