La Ley de Educación de Puebla permite la operación de las instituciones de educación de carácter privado en todos los niveles sin el riesgo de expropiación de bienes inmuebles o muebles y establece las bases para garantizar que las clases se impartan en instalaciones de calidad, explicó Roberto Mendoza Zárate, director de Licenciatura de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP).
Al realizar un análisis de la Ley de Educación del estado de Puebla aprobada el pasado 15 de mayo, publicada el 18 de mayo en el Periódico Oficial del Estado y que quedará instaurada en un lapso de 60 días, Roberto Mendoza Zárate resaltó que la norma establece los elementos mínimos para que las instituciones puedan ofrecer el servicio educativo.
Asimismo, el director de la licenciatura en Derecho rechazó que la nueva ley cuente con un efecto expropiatorio de las instalaciones ni afectará la operación de las instituciones de educación básica, de educación media superior o superior de carácter privado en la entidad.
“La ley permite establecer una base legal que permita a la autoridad continuar con su operación, pero de ninguna manera advertimos que exista alguna afectación o se pueda llegar a la expropiación. Las instituciones de educación ya se encontraban sujetas a los lineamientos de la autoridad. Se establecen exigencias para las condiciones de la impartición de las clases o el cumplimiento de los lineamientos de Protección Civil”, explicó.
En su análisis, Roberto Mendoza Zárate destaca que en la legislación poblana se aplican los principios de la Ley General de Educación de la Federal, se respetan los derechos de los responsables de ofrecer la educación privada y se establecen las bases que permitirán a la Secretaría de Educación Pública (SEP) local contar con las herramientas para garantizar una educación de calidad en la entidad.
“La Ley de Educación del Estado de Puebla cumple con los parámetros que señala la Ley General de Educación que se expide en septiembre de 2019 como es la conformación del sistema educativo estatal que ya existía. No es que la ley cree nuevas figuras, sino que viene a darle una forma legal a una estrategia de operar que ya se había recomendado desde la década de los 70, es decir, por acuerdos, órdenes, decretos, circulares y comunicaciones. El gran mérito de la ley es que conjunta disposiciones que ya existían en diversos ordenamientos como las condiciones de seguridad e higiene, el manejo de documentos en todos los niveles educativos”, comentó.
En entrevista para MILENIO PUEBLA, el especialista de la Escuela Libre de Derecho destacó que la Ley de Educación de la entidad respeta las garantías de las personas, coloca a la educación como un derecho y reconoce la existencia de un sistema educativo.
“Vemos un cumplimiento cabal de la Ley General de Educación del país y no existe afectación de los derechos humanos ni fundamentales de los gobernados, pensando en los intereses de las instituciones de educación superior y quienes prestan el servicio educativo”, resaltó.
Destacó que ahora, la SEP contará con las herramientas para vigilar que las instituciones de educación de carácter privado cumplan con estándares de calidad y podrá actuar ante cobros que los estudiantes consideren desproporcionados.
“Con la ley, la autoridad ya se encuentra facultada para restringir a aquellos que no cumplan con los parámetros mínimos para prestar los servicios educativos. En el fondo, las instituciones se mantienen porque cumplen con esos parámetros. Ahora, tenemos una manera muy objetiva de salvaguardar los intereses de todos los involucrados en la educación”, apuntó.
En la anterior Ley de Educación, la autoridad estaba limitada a actuar ante posibles abusos de escuelas en torno a aplicación de cuotas o medidas como los condicionamientos de uniforme para recibir la educación.
“Con esta ley, la Secretaría de Educación Pública cuenta con armas para intervenir en aspectos que con antelación se encontraba limitada (…). Aunque las personas podrían recurrir a los tribunales para denunciar abusos, era de interés muy particular y la autoridad solo respaldaba. Ahora, la SEP tendrá mayores herramientas para evitar abusos y las instituciones pueden estar tranquilas de que podrán continuar con su objeto y podrán impartir educación”, explicó.
Por último, el director señaló que las opiniones que expresan su inconformidad con la Ley de Educación del estado de Puebla forman parte de la vida democrática de una entidad y quienes se sientan afectados podrán interponer los recursos legales correspondientes hasta 30 días después de la publicación o cuando sientan que una acción de gobierno les afectó sus derechos.
mpl