De acuerdo a la diputada panista Cristina Márquez existen 500 denuncias por afectación a la intimidad, lo que mejor se conoce como Ley Olimpia, esto lo dijo durante su presentación en el programa Cambios, donde hablaron sobre el tema de la youtuber mexicana Yoseline Hoffman YosStop, quien es acusada por el delito de pornografía infantil.
Al programa de televisión también acudió Giovana Rocha, activista a favor de los derechos humanos y Federico Rábago, comunicólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, quienes opinaron respecto al tema cada quien desde sus trincheras.
La legisladora de Guanajuato dijo que lo primero que debe hacer una persona es conocer el sistema “garantista” con el que se hace justicia, que muchas de las veces puede ser de doble filo, pues por un lado exige precisión, mientras que por el otro con una falta al debido proceso se puede interrumpir el derecho a la justicia.
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Explicó que en este proceso de justicia la última instancia es la prisión, pues lo prioritario es la reparación del daño, pero cuestionó cómo reparar el daño emocional a un menor y la dignidad de una persona, pues por corta o larga que puede ser la pena cuando se comete este tipo de daño es difícil.
“En la mayor medida de lo posible se busca que libren los procesos fuera de la cárcel salvo que sean estas cuestiones que están enlistadas en el 19 constitucional, que son estos delitos muy específicos que son abusos sexuales, violaciones, homicidio, delincuencia organizada y algunos otros ¿no?”, comentó.
La diputada señaló que por el delito de la afectación a la intimidad se puede dictar una sentencia de 2 a 4 años de prisión; sin embargo, hay otros delitos como las amenazas y extorsión digital que buscan generar un daño bajo el riesgo de compartir este tipo de contenidos y esto también está penado hasta por dos años.
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Comentó que estos delitos se pueden ir configurando y se va haciendo una pena mayor y se acumulan por cada una de las conductas que se denuncian por parte de la víctima al presunto responsable, por lo que se pueden sumar hasta seis años y dijo que cuando se trata de un menor de edad ya se está hablando de otro tipo de delitos como la pornografía infantil.
Por su parte, el comunicador e investigador dijo que ya no sólo se tipifica la imagen explícita de los hechos, sino que también se puede castigar por el hecho de describir el suceso, aunque muchas de las veces se pueda confundir con la libertad de expresión.
“Ya no es solamente la imagen explícita sino la simple descripción de los hechos que suceden, ya puede ser también tipificado y entonces muchas personas empiezan a sacar, desde mi perspectiva un poquito errónea, el asunto de: es una situación de coerción contra la libertad de expresión”, comentó.
La activista subrayó que incluso ésta fue la clave para que vincularan a proceso a la youtuber, pues ella revictimizó a las personas implicadas y dijo que el lenguaje es un discurso político que no se puede dejar de lado cuando crea realidades como las canciones que violentan a las mujeres, pues eso ya no es libertad de expresión.