Derivado de los resultados de la Auditoría Legal efectuada a las distintas áreas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), con motivo del cambio de administración, se informó que, varios de los trabajadores que fueron contratados durante la administración de Víctor Manuel Cid del Prado no contaban con el perfil profesional idóneo para desempeñar sus funciones, lo que derivó en el retraso de expedientes y la lenta actuación de la comisión en diversos casos donde fueron violentados los derechos de los tlaxcaltecas.
Los integrantes del Consejo Consultivo y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Tlaxcala, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, dieron a conocer que se detectaron anomalías administrativas que derivaron en la renuncia voluntaria de aproximadamente 18 personas, todas allegadas al ex ombudsperson.
En el contexto el despacho externo de Consultoría Legal y Capacitación en Derechos Humanos, detalló que en algunas áreas se contrató un número excesivo de personal que en su mayoría desconocía las funciones que debían realizar puesto que no contaban con el perfil profesional.
Además, en las ocho visitadurías de la CEDH existen 332 expedientes de queja sin resolver.
Por todo lo anterior, se emitieron diez recomendaciones para que Jakqueline Ordóñez Brasdefer reestructure al organismo autónomo para optimizar los servicios que brindan a los ciudadanos.
AFM