En México la Marea Verde ha avanzado en 21 entidades con el objetivo de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
De acuerdo con lo anterior, estos avances están dejando fuera a las personas con discapacidad, pues no se les considera objeto de derecho en esta materia, haciendo de lado a muchas en la indefensión durante la libertad de decidir sobre su maternidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica, en México hay al menos 121 millones de personas de las cuales 4.7 millones son mujeres con discapacidad, y de estas el 10.3 por ciento están entre los 15 y 45 años, lo cual en muchos casos significa que son mujeres en edad reproductiva.
Sin embargo de manera pública no hay información sobre el número de personas con esta condición que acceden a estos servicios y tampoco hay un programa destinado específicamente para atender a las personas con discapacidad en temas de salud sexual y reproductiva.
¡Faltan centros especializados en interrupción de embarazo!
Al respecto, Jen Mullini, integrante de "Mexicanas con Discapacidad", reconoció que actualmente hace falta mucha accesibilidad para poder hacer los procedimientos, pero sobre todo hay mucha desinformación al respecto, esto en el sentido de que no se está contemplando el acceso de la misma para todos los tipos de discapacidad incluyendo a las personas ciegas o sordas, quienes también tienen derecho a ejercer su salud sexual y reproductiva.
“La educación sexual en las mujeres y niñas con discapacidad es algo de lo que tampoco se habla mucho, todavía existe mucho el tabú de que las mujeres tengamos que cuidarnos para no embarazarnos, entonces yo creo que hay una interseccionalidad, que atraviesa diferentes realidad, que nos impide realmente disfrutar de nuestra sexualidad sin culpa pero también de una manera informada y preventiva”, enfatizó.
Pero además de la falta de recursos, de acuerdo con las activistas que trabajan para garantizar la interrupción del embarazo, otro de los problemas a los que se enfrentan es la centralización de los servicios.
Actualmente la mayoría de los hospitales que brindan estos servicios se encuentran en las capitales de los estados o en entidades con mayor índice poblacional, sin tomar en cuenta que las mujeres o personas gestantes de la periferia también pueden estar interesadas en acceder a este servicio de salud y debido a las limitantes de ser mujeres con discapacidad no pueden hacerlo.
De acuerdo con Marea Verde Guerrero, en la entidad sólo se cuenta con centros especializados para brindar este servicio en Chilpancingo, Iguala y Acapulco.
En el caso de Quintana Roo, Redefine explicó que el servicio más integral se brinda en Chetumal que es la capital, ya que compañeras de otros municipios han denunciado que si bien si se puede acceder al procedimiento, esto se hace de manera muy limitada.
Mismo caso que en Puebla donde la organización Redefine aseguró que los servicios más especializados se dan en la capital sin tomar en cuenta las necesidades de los demás municipios.
Por lo cual, para quienes luchan por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad aseguran que esta no está completa, ya que no se está contemplando a todas las "interseccionalidades" para decidir de manera informada.
Aborto Sí; pero no consensuado
Aunque el acceso parece negado cuando se trata de una libre decisión, en México las mujeres con discapacidad están siendo forzadas o coaccionadas para abortar bajo diversos estigmas.
Lo anterior, lo dio a conocer el Grupo de Reproducción Elegida (GIRE), quiénes han denunciado que los prejuicios alrededor las mujeres con discapacidad han hecho que no se les permita ejercer la maternidad aunque ellas lo deseen.
En este sentido señalaron que la sustitución de voluntad por medio de familiares, tutores y personal médico limita la posibilidad de que puedan tomar decisiones sobre su vida.
Por lo tanto, los regímenes de sustitución de la voluntad deben ser reemplazados por apoyos en la toma de decisiones que respeten la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona.
“Si bien es cierto que ya tenemos cierta regulación sobre el aborto dentro de la ley sanitaria, siempre se tiene que garantizar que quiénes están tomando la decisión, ya sea de continuar o de interrumpir un embarazo sean las mujeres con discapacidad, y para que garanticemos que se tome de manera informada existan todos estos ajustes razonables”, explicó Camila Rivapalacios, investigadora jurídica GIRE.
De acuerdo con la organización entre los principales estigmas y prejuicios respecto a la maternidad de las personas con discapacidad están:
- Herencia de su discapacidad.
- Son personas incapaces de otras personas.
- Que las personas que viven con alguna discapacidad y no son capaces de tomar decisiones por ellas mismas.
Es por ello que también consideran necesario que dentro de la legislación se contemplen en primera instancia los derechos de las personas embarazadas y su capacidad de decisión.
“Creo que es complejo porque actualmente todavía siguen muchos discursos capacitantes que cuestionan nuestras habilidades para ser madres y en todo caso si deberíamos de ser las mujeres con discapacidad, quiénes elijan si quieren ser o no mamás más allá de una imposición a que las mujeres no tengan hijos tiene que ver más allá con una decisión personal, de si queremos o no ser madres y no porque podamos ejercer la maternidad”, precisó Jen Mullini.
- Te recomendamos Consultas sobre igualdad y feminismo en Internet cayeron 40% en los últimos tres años: LLYC Negocios
KL