Ejecuciones, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias son las violaciones a los derechos humanos más frecuentes perpetradas por elementos de las fuerzas armadas cuando toman parte de las tareas de seguridad interior.
Esta situación ha sido comprobada por distintas instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, de acuerdo con Alejandro Anaya Muñoz, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, la creación de la Guardia Nacional preocupa. “En cualquier conflicto internacional hay más heridos que muertos. Pero en la intervención de las fuerzas armadas en México en las tareas de seguridad hay desproporcionalmente más muertos que heridos”, lamenta el académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ).
Anaya destaca que la creación de la Guardia Nacional se trata de una apuesta que anula los incentivos para que se fortalezcan y desarrollen instituciones policiales y de impartición de justicia más sólidas, eficientes, profesionales y competentes.
El académico señala que la propuesta del actual gobierno para crear la Guardia Nacional fue sorpresiva, ya que se anunció el mismo día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI), que fuera el anterior esfuerzo para formalizar la estrategia militarizada de seguridad.
Con esta reforma, asegura, se dará un empoderamiento aún mayor del ejército como actor político, mismo que inició hace ya más de un decenio con la estrategia militarizada de la lucha contra el crimen organizado.
Calificó como una mera simulación el hecho de proponer un mando civil, cuando la operación del cuerpo encargado de la seguridad nacional será militar.
“Todo nos lleva de regreso a la impunidad. En la medida en que el aparato de justicia de México castigue penalmente a los miembros de las fuerzas de seguridad, sean policías o militares, por torturar, desaparecer, etcétera, en esa medida las violaciones van a disminuir”, dijo.
Con ese punto de vista coincide Roberto Becerra Zavala, coordinador de la licenciatura en Derecho del ITESO. “El riesgo es más grande que el beneficio”, menciona, en relación con las potenciales violaciones a los derechos humanos en las que podrían incurrir los elementos de la Guardia Nacional.
Becerra agrega que la creación de este cuerpo de seguridad militarizada “estaría atentando contra el estado democrático, constitucional y de derecho al que aspiramos”.
Contrapesos, necesarios
Ambos profesores consideraron que organismos de la sociedad civil y la comunidad internacional enfocada a la salvaguarda de los derechos humanos deberán redoblar esfuerzos y ser contundentes con la vigilancia y crítica a esta propuesta de la Guardia Nacional.
Anaya apunta que la última línea de defensa podría ser la Fiscalía General de la República, cuyo titular será Alejandro Gertz Manero.
“Si la fiscalía empieza verdaderamente a integrar investigaciones científicas, robustas, incuestionables y profesionales, podemos aspirar a tener una Guardia Nacional con más contrapesos”, señala.
MC