Desde el pasado sexenio (en enero de 2022) el gobierno de Guanajuato emitió disposiciones administrativas para ya no solicitar juicios de amparo de por medio en las oficialías del Registro Civil para celebrar matrimonios igualitarios, queda pendiente plasmar este derecho en la ley local.
Por tal motivo, como representante de la comunidad Lgbtiq+, la diputada de Morena, María Eugenia García Oliveros, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y al Código Civil estatal en materia de matrimonio igualitario.
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Llama la atención que dicho decreto que permitía el matrimonio igualitario en Guanajuato perdió vigencia el 26 de septiembre de 2024, cuando terminó el sexenio de Diego Sihue Rodríguez; por tal motivo ahora las parejas están teniendo que recurrir a tramitar nuevamente amparos.
"La presente propuesta busca corregir la inequidad y discriminación que vive la comunidad Lgbtiq+ de nuestro estado de Guanajuato, que exige el cumplimiento de diversos acuerdos y programas de instituciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos", enfatizó la diputada.
Si bien, la nueva administración ha creado por primera vez en la historia una subsecretaria de estado para atender a la comunidad de la diversidad sexual sexual, Guanajuato sigue siendo uno de los estados con mayor rezago en materia de los derechos de la comunidad Lgbtiq+.
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Muestra de ello es la barrera jurídica, donde durante tres años los anteriores diputados se negaron a aprobar las reformas para el reconocimiento en la ley de los matrimonios entre personas de la diversidad sexual.
La diputada reiteró que en el estado de Guanajuato las parejas homoparentales se enfrentan a barreras jurídicas para ejercer su derecho al matrimonio, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la procreación no puede considerarse como única finalidad del matrimonio, pues es discriminatorio al excluir injustificadamente a las parejas homosexuales.