A fin de agilizar el proceso de adopción y garantizar la atención psicológica de quienes integrarían una nueva familia, la diputada Daniela Puente planteó hoy una serie de reformas al Código Civil del estado, así como al Código de Procedimientos Civiles.
En conferencia de prensa, Puente dijo que en Nuevo León, para que una persona mayor de 25 pueda adoptar a un infante debe acreditar, entre otras cosas, una evaluación psicológica y socioeconómica practicada por instituciones públicas o privadas competentes debidamente aprobadas y certificadas por el Consejo Estatal de Adopciones.
“En ocasiones la conclusión toma demasiado tiempo por las instituciones involucradas, porque los evaluados faltan a las citas programadas, entre otros factores que retrasan el proceso. Y mientras las evaluaciones no lleguen al juez para que este pueda revisarlas, el procedimiento no termina”, manifestó.
No obstante, dijo que la Ley no marca un tiempo límite para que este proceso se lleve a cabo.
Además, la audiencia entre los promoventes, el Ministerio Público y demás interesados, donde se ratifica la solicitud de adopción, suele extenderse más de los 15 días que marca el Código de Procedimientos Civiles.
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Con la propuesta, dijo la emecista, se busca poner un límite máximo de tres meses para la evaluación psicológica y socioeconómica que marca el artículo 390 del Código Civil, donde además se adopta como al adoptante.
Respecto a la audiencia, la modificación a los artículos 1091 y 1092 del Código de Procedimientos Civiles que propone la diputada Daniela establecería que, en el caso específico de las adopciones, el juez deberá celebrarla en un plazo de cinco días y dictar sentencia en ese momento.
“Existen términos que pueden ser perfeccionados con la finalidad de que los juicios de adopción se resuelvan en menor tiempo, reduciendo así la espera para que el adoptado pase a tener un parentesco civil con su adoptante. Pero, sobre todo, para que sea parte de una familia y velando siempre por el interés superior del menor y la protección de sus derechos fundamentales”, concluyó.