Pablo Vázquez Ahued, diputado federal por Jalisco, asumió una postura decidida contra la reciente Reforma Judicial que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin modificaciones.
La reforma, que consolida la supremacía de la Corte en varias decisiones clave, ha generado preocupación entre los legisladores de oposición, quienes ven en ella una amenaza a la independencia judicial y a los derechos políticos de los ciudadanos.
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Vázquez Ahued, junto con su bancada del partido naranja, Movimiento Ciudadano, ha decidido llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intentar revertir la reforma a nivel internacional. La estrategia de Vázquez Ahued incluye presentar argumentos ante la CIDH, destacando que la reforma afecta los derechos civiles y políticos establecidos en acuerdos internacionales de los que México es signatario.
Confían en la intervención internacional
De acuerdo con el legislador en una entrevista con MILENIO JALISCO, la CIDH podría analizar si la reforma vulnera derechos fundamentales y, en caso de encontrar evidencia suficiente, podría emitir recomendaciones al Estado Mexicano. Aunque este proceso puede llevar meses o incluso más de un año, el legislador confía en que la intervención internacional pondrá presión sobre el gobierno mexicano para revisar la reforma.
El diputado citó como precedente el caso del ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, quien en 2006 acudió a la CIDH para defender su derecho a postularse como candidato independiente, lo cual estaba prohibido en ese momento por la ley mexicana. La CIDH falló a favor de Castañeda, y el Estado Mexicano se vio obligado a legislar la figura de candidaturas independientes.
Este caso inspira a Vázquez Ahued y su bancada a confiar en la posibilidad de un fallo favorable que obligue a México a reconsiderar la reciente Reforma Judicial. Además de la vía internacional, el legislador federal emecista considera fundamental crear conciencia dentro de México sobre las implicaciones de la reforma. Explicó que una gran parte de la sociedad no ha comprendido plenamente los efectos de estos cambios en el sistema judicial y que es necesario un esfuerzo de comunicación y educación.
De acuerdo con Vázquez Ahued, Movimiento Ciudadano planea llevar a cabo campañas informativas para explicar cómo la reforma podría restringir derechos y afectar la autonomía del Poder Judicial, alertando a la ciudadanía sobre los riesgos de un sistema judicial, controlado en exceso por el gobierno.
En su análisis, Vázquez Ahued advierte sobre el impacto de posibles presiones políticas en el Poder Judicial, las cuales, a su juicio, han influido en las decisiones recientes de la SCJN. Aunque no especificó qué tipo de presiones percibe, señaló que existen “focos de alerta” en cuanto a la independencia de los jueces y ministros.
Desde su punto de vista, la reforma judicial es parte de un proyecto más amplio de control institucional que podría poner en riesgo la imparcialidad y autonomía de los órganos de justicia en el país.
Por último, el diputado enfatizó que esta batalla va más allá de una disputa legislativa o jurídica. Para él, se trata de una defensa de los principios democráticos y de la independencia de las instituciones mexicanas.
Si bien el proceso ante la CIDH es complejo y podría prolongarse, el legislador jalisciense considera que esta lucha es necesaria para proteger el estado de derecho y los derechos de los ciudadanos.
MC