En Puebla, entre 19 y 21 por ciento de los trabajadores ocupados realizan actividades que pueden ser realizadas vía remota, es decir, a través del llamado home office; mientras que alrededor de ocho de cada 10 empleos requieren de la presencia física de las personas.
De acuerdo con el análisis “¿Quién puede trabajar desde casa? Evidencia desde México”, realizado por Luis Monroy-Gómez-Franco, economista egresado del Center of the City University of New York e investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), las ocupaciones con mayor facilidad de realizarse vía remota se encuentran concentradas en “la cola derecha de la distribución de ingreso laboral por hora."
Puebla se ubica por debajo del promedio nacional. En el país, entre 20 y 23 por ciento de la población ocupada mexicana labora en actividades que, dadas sus características, podrían ser realizadas desde el hogar.
El estudio revela que en el país se observa una relación positiva entre el nivel de ingreso per capita y el porcentaje de la población ocupada que puede realizar sus actividades a distancia; sin embargo, dicha relación está mediada por la especialización de cada una de las entidades federativas en sectores específicos de actividad económica.
“El que las ocupaciones que pueden llevarse a cabo desde casa se concentren en la parte superior de la distribución de ingreso laboral, pone de manifiesto que no sólo los más pobres son quienes no pueden trabajar desde casa, sino que la gran mayoría de la población se encuentra en dicha situación. En términos de política pública esto implica que es necesario considerar una variedad de intervenciones que sí bien enfoquen sus esfuerzos sobre la población de menor ingreso, no dejen de lado al resto”, destaca el análisis.
Ciudad de México y Nuevo León son las entidades en las que más de 27 por ciento de las ocupaciones, es decir, más del tercio de ocupados pueden realizar sus actividades por la vía remota, nivel similar al observado en países desarrollado.
En contraste, en estados como Chiapas, Tlaxcala o Hidalgo menos de 20 por ciento de los ocupados puede realizar sus actividades lejos de su lugar de trabajo.
En la región del Bajío, en donde existe una alta concentración de la industria manufacturera, y en Puebla sólo entre 17 por ciento y 21 por ciento de los ocupados puede realizar sus actividades laborales desde casa, remarcando la vulnerabilidad de este sector ante choques que obliguen a desplazar la producción fuera de las plantas.
“Las entidades federativas en donde la producción manufacturera se encuentra concentrada, cuentan con una menor capacidad para desplazar la actividad económica fuera de las plantas de producción hacia los hogares de los trabajadores. De ahí que se trate de estados que a pesar de tener ingresos similares a los de la mayoría de los estados del país, tienen una menor proporción de ocupados que pueden laborar desde casa”, detalla el documento. En su análisis, el investigador destaca que, en Puebla y en diferentes estados del país, junto con la agricultura y la construcción, los sectores manufactureros son los que tienen una menor capacidad de ajustarse a medidas disruptivas del lugar de trabajo.
“Dada la importancia del sector manufacturero dentro del aparato productivo mexicano, esto remarca la necesidad de considerar dentro del diseño de políticas públicas la forma de aliviar el estrés financiero al que se verán sujetas las empresas del sector, de tal forma que las plazas de trabajo sigan estando ahí cuando se levanten las medidas de confinamiento”.
La investigación destaca que, al identificar que sólo una minoría de la población mexicana puede realizar sus actividades económicas desde casa, se vuelve necesario diseñar un programa de política económica que busque cubrir al menos parcialmente los ingresos perdidos por aquellos que no pueden realizar sus actividades económicas desde el confinamiento.
“Es necesario que la intervención de política social focalice sus esfuerzos en alcanzar a la población más pobre, en tanto que ésta es la que menor capacidad tiene de poder seguir llevando a cabo aquellos trabajos de los que deriva un ingreso. De otra forma, se vuelve imposible para esta población poder seguir las recomendaciones sanitarias, ya que de facto suponen la pérdida total del ingreso laboral. En ese sentido, una política económica encaminada a garantizarles cierto nivel de ingreso y de acceso a bienes y servicios básicos incrementaría la efectividad de las medidas de distanciamiento social”.
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