México posee una media nacional de 92.4 por ciento de impunidad, de acuerdo con el Índice de Impunidad Estatal en el sistema de justicia penal y la séptima edición del reporte Hallazgos 2019 de México Evalúa.
En este documento, la Ciudad de México está dentro de las entidades con el índice más alto de impunidad: 97.7 por ciento; superada sólo por Sinaloa, con el 99 por ciento; Guerrero, con 98.4 por ciento; y San Luis Potosí, con 97.8 por ciento.
Contrariamente, los estados donde la impunidad va a la baja son Baja California, con 67.1 por ciento; Guanajuato, con 74 por ciento; Yucatán con 83.8 por ciento y Querétaro con 85.2 por ciento.
En ambos casos “este indicador se aproxima a un registro de la efectividad con la que las instituciones de procuración e impartición de justicia responden a la comisión de delitos y cómo los resuelven”.
El estudio señala que, de acuerdo con el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, se observó un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal en 2019: “ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo de 900 puntos”.
Ante esto, se indica que Querétaro obtuvo el mayor avance en el combate a la impunidad, seguido de Baja California, Chihuahua y Nuevo León. En tanto que los estados “peor evaluados en términos de sus condicionantes” fueron Guerrero, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo.
El informe, de 169 cuartillas, señala en sus conclusiones que la impunidad es “una constante de que el principio de oralidad es endeble”, pues durante las audiencias se observa que los agentes del Ministerio Público hacen un uso excesivo de la lectura cuyo principio más frecuente en las resoluciones judiciales es la oralidad.
Asimismo, se concluye que “las instituciones muestran un alto nivel de saturación, tanto en las fiscalías como en los poderes judiciales” y, pese a las necesidades actuales de justicia en México, “la proporción de fiscales, investigadores y peritos se mantiene significativamente baja”.
También el número de asesores jurídicos y de defensores “se aprecia prácticamente desdibujado”. Por ello, apunta que “no hay duda de que el sistema de justicia requiere de una mejora en la operación”.
La escasa resolución de casos y la saturación de los delitos de bajo impacto, (comúnmente robos) dejan pendiente la atención de fenómenos que más lastiman a la sociedad: desapariciones, homicidios, feminicidios, entre otros.
Con lo encontrado en esta Séptima Edición de Hallazgos, la organización confirmó que el sistema de justicia penal se encuentra en un estado de inmadurez y se caracteriza por la “falta de liderazgo político y de voluntad para consolidarlo”.
Sin embargo no todo avanza lento, pues se reconoce que derechos como la presunción de inocencia, el control de las detenciones ejecutadas por policías y Fuerzas Armadas, así como la aportación de pruebas antes de ordenar prisión preventiva han avanzado.
“Los resultados muestran que el sistema acusatorio tiene avances y que es significativamente mejor que el inquisitivo, con una mayor protección de los derechos de víctimas e imputados”.
Las recomendaciones de México Evalúa piden fomentar la coordinación interinstitucional, trazar un camino en común y legislar en la materia, sobre todo, de forma precisa y puntual, con base en evidencia empírica.