El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW por sus siglas en inglés) emitió la Observación General cinco sobre el derecho a la libertad de los migrantes, la protección contra la detención arbitraria y su conexión con otros derechos humanos.
En ese sentido, el Comité denunció que la criminalización hacia las personas migrantes busca prevenir la migración irregular de una forma abrumadora e inconsistente con las obligaciones de la Convención, y la detención arbitraria afecta desproporcionadamente a personas migrantes pobres y personas de color.
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Del mismo modo, detalló que la penalización de la migración se basa en estrategias políticas que buscan disuadir la migración irregular en lugar de un compromiso de defender los derechos de los migrantes y sus familias.
Aunque la detención de inmigrantes no es un fenómeno reciente, el Comité señaló que ha sido testigo de una creciente participación e influencia de las corporaciones penitenciarias privadas en la aplicación de la ley de inmigración, junto con la expansión del sistema de detención de inmigrantes.
De acuerdo con el CMW la detención de inmigrantes se ha convertido en una industria, reportando ganancias anuales considerables a los contratistas de prisiones privadas, y en algunos casos los Estados. Dichas ganancias se obtienen de la detención de migrantes y solicitantes de asilo, incluidos aquellos que esperan una decisión sobre sus solicitudes, así como los migrantes en proceso de deportación.
Además, la observación general cinco señala que, debido a la pandemia de covid-19, hay un alto número de migrantes detenidos bajo condiciones insalubres y de sobrepoblación, con un alto riesgo de contagio.
Por ello, solicitó a los Estados que conforman el Comité cumplir con sus obligaciones en relación con el derecho a la libertad y la protección contra la detención arbitraria de los trabajadores migratorios y sus familias, así como aplicar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular
LP