La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para Todos" (TDT) detectó "una delicada conflictividad social en San Lorenzo Azqueltán, Villa Guerrero, que es emblemática del riesgo para la gobernabilidad que existe en la zona norte de Jalisco", en la cual señala como responsable medular al ayuntamiento del lugar, que se empeña en desconocer lo que los tribunales competentes ya asumen: la vigencia jurídica de la comunidad indígena tepehuana-huichol que fue reconocida desde 1733 por el rey de España.
"Es fundamental que se emita una pronta sentencia por parte del 16 Tribunal Unitario Agrario Distrito XVI para que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de garantizar los derechos indígenas ancestrales; la Misión de la red recogió numerosos testimonios de amenazas, hostigamientos y agresiones. Esto ha escalado a tal nivel que se ha registrado en tiempos recientes la desaparición de tres personas", señaló el coordinador de la misión y secretario ejecutivo de la red, Fernando Ríos Martínez.
La Misión estuvo conformada por personas defensoras de derechos humanos y se desarrolló los días 14 y 15 de mayo de 2018. Fue recibida el 15 de mayo por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, quien se comprometió a dar seguimiento y presionar a la autoridad municipal para que haga su parte.
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"Durante estos días pudo constatar una situación que genera una grave vulnerabilidad para la población de las ocho localidades de San Lorenzo Azqueltán [...] constatamos una gran desinformación sobre los derechos de los distintos grupos que existen en la zona, misma que grupos de interés capitalizan para sembrar discordia y violencia.
Esta desinformación, sin embargo, no es casual, sino que es alimentada con una estrategia de desinformación y confrontación que ha generado una tensión social en la zona crecientemente peligrosa".
Tanto al coordinador como a la representante legal de San Lorenzo, Quetzal Prado, les pareció "especialmente delicado el papel que están jugando las autoridades municipales de Villa Guerrero, haciendo un uso excesivo de sus competencias y facultades. Documentamos y seguiremos haciéndolo, numerosas evidencias de acciones claramente discriminatorias hacia los pueblos indígenas, que criminalizan su acción reivindicatoria de derechos y alimentan el clima de confrontación social. Consideramos que en el contexto de un clima nacional y regional de crispación y violencia, es particularmente importante el ejemplo de las comunidades Tepehuana y Wixárica que han decidido unir esfuerzos en favor de su desarrollo como pueblos, acorde con la normatividad nacional e internacional sobre poblaciones indígenas".
Especialmente relevante "resulta que las autoridades agrarias realicen el deslinde del Ejido, pues la indeterminación de sus límites ha sido utilizada por los grupos de interés locales como un factor de confrontación social", lo cual "ha escalado a tal nivel la situación de inseguridad y violencia que se ha registrado en tiempos recientes la desaparición de tres personas. Ante ello, independientemente del origen de las personas, resulta ineludible la investigación de estos hechos por parte de la Fiscalía del Estado, así como la implementación de medidas de no repetición. Esto que de suyo es grave, lo es más en el actual contexto electoral. Por lo anterior hemos solicitado a las autoridades del Estado las medidas que garanticen de manera inmediata la seguridad de la población en general de la zona".
SRN