Virginia, una mujer de ascendencia mazahua que fue señalada de homicidio en grado de parentesco en 2016, obtuvo su libertad a través de la Ley de Amnistía, esto luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) interviniera en el caso tras detectar que había irrealidades en el proceso judicial en su contra.
Este caso es de relevancia ya que el caso en principio fue recibido por el órgano autónomo y se hizo un estudio minucioso, ya que consideraron que el mismo tenía que ser estudiado a través de la perspectiva de género y de derechos humanos.
“Se presentaron las condiciones que constituyen los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, es decir, criterios sospechosos sobre categorías que debieron ser tomadas en cuenta durante el proceso penal y los factores de vulnerabilidad, entre ellos, ser mujer, ser hablante de lengua mazahua, carecer de escolaridad y ser víctima de violencia familiar y de género”.
Fue sentenciada a 43 años
En 2006 Virginia fue señalada por el delito de homicidio en grado de parentesco y sentenciada a 43 años de prisión. Fue internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Bordo y se dedicaba a la maquila de pinzas de ropa al interior del centro penitenciario.
Cabe señalar que durante el proceso judicial de hace más de una década no tuvo la oportunidad de contar con un traductor mazahua que le apoyara a entender la complejidad de este caso.
“Al momento de su detención, las acciones y las omisiones de las autoridades, así como la sentencia, fueron causa de la pérdida de su libertad, por firmar una declaración que no entendió, que no pudo leer y que no le fue explicada”, se explicó.
La titular del órgano autónomo, Myrna García Morón, informó que a pesar de tratarse de un delito grave –y no contemplado en la legislación original-, la mujer indígena mazahua pudo acceder al beneficio de la amnistía por las particularidades y omisiones de su caso.
“La ley del Estado de México es la única en todo el país que permite que el procedimiento de amnistía de una persona privada de libertad, incluso ya sentenciada, comience a partir del pronunciamiento de un organismo público defensor de derechos humanos, como la Codhem, para que un juez la decrete en forma afirmativa, como en este caso que cumplió con todos los supuestos, para obtener el perdón y el olvido de la acción penal”, sostuvo.
KVS