Previo a la marcha del 8 de marzo, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que se tenían 15 grupos organizados para realizar acciones violentas llevando todo tipo de artefactos peligrosos y siendo considerados de alto riesgo.
Sin embargo, al revisar el documento donde se tenían identificados estos supuestos grupos dentro de las movilizaciones, entre los que se presumía de alto riesgo, se encontraban familiares de víctimas de feminicidio, así como colectivos de madres y personas con discapacidad.
De acuerdo con este archivo al que MILENIO tuvo acceso, el gobierno capitalino identificó al menos a 13 supuestos "grupos de riesgo" -forma con la que se identificaba a organizaciones con supuesto potencial violento- que participaron en la marcha del 8 de marzo; sin embargo, en muchos casos se trató únicamente de mujeres solas, algunas de ellas familiares de víctimas de feminicidio.
Entre quienes fueron mencionados se encontraba la activista guerrerense Yaneli Fuentes, quien desde hace más de un año se encuentra desplazada y desde entonces ha luchado por la liberación de la activista Kenia Hernández junto con el colectivo “Zapata Vive”, aunque este fue catalogado independiente a la activista.
Y es que en medio de todas las dificultades a las que se enfrentan los colectivos y activistas para poder hacer justicia por sus familiares para que sus casos sean atendidos por el gobierno, ahora, también deben enfrentarse a la revictimización de las autoridades.
“Para mí como una hija de una víctima de feminicidio es indignante que las familias nos cataloguen a nosotros como criminales o grupos de alta peligrosidad, la palabra grupos, entre comillas porque al menos en nuestro caso, ni siquiera somos un grupo somos mi hermano y yo exigiendo esa justicia que el estado no nos da para el feminicidio de mi mamá”, precisó Minely, integrante de Justicia para Véronica Monroy.
Pero estos no son los únicos casos, ya que también al Movimiento de Personas con Discapacidad se les catalogó de alto riesgo pese a que la mayoría de sus integrantes son personas que cuentan con alguna discapacidad, entre ellas sordera, ceguera y en algunos casos parálisis parcial del cuerpo.
Y aunque la marcha del 8 de marzo se llevó a cabo en su mayor parte de manera pacífica ahora los activistas denuncian que se les recrimina únicamente por salir a manifestarse premeditando acciones que ellos no realizan.
“Yo la verdad no sé qué peligro representemos o que daño podamos hacer mi hermano y yo, a alguien o a las autoridades. Nosotros si somos criminales por salir a exigir justicia, por hacer cosas mínimas, cuando los verdaderos criminales están allá afuera y lo más fácil es desviar la atención a las familias y no poner énfasis en lo que está pasando”, dijo Minely.
EABZ