A partir del inicio de operaciones del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en enero de este año, se recibieron 300 demandas para su resolución, y en la mayoría de los casos todavía no hay una sentencia definitiva, informó la presidenta del órgano jurisdiccional, Lourdes Dib Álvarez.
En entrevista con Milenio Puebla, detalló el procedimiento administrativo para la resolución de controversias entre particulares y la administración pública, así como la injerencia del organismo en el Sistema Estatal Anticorrupción.
“El Tribunal de Justicia Administrativa viene a llenar un vacío muy grande, no se contaba con una instancia donde los particulares, pudieran denunciar actos de las autoridades cuando consideran que se están violando sus derechos y aquí lo importante es que hay un juzgador; el particular y la autoridad administrativa sea estatal o municipal son las partes en el juicio, y los magistrados resuelven quién tiene la razón”, explicó.
El TJA resuelve los asuntos contenciosos de los particulares con la autoridad municipal o estatal, derivados de asuntos relacionados con el ejercicio de las acciones de gobierno, como el cobro de fotomultas, la ejecución o suspensión de licencias de construcción y uso de suelo, así como problemas derivados del uso de la vía pública.
Dib Álvarez detalló que las demandas contra las resoluciones o acciones de la autoridad no sólo tienen que ver con los perjuicios económicos, como el cobro de contribuciones e impuestos, sino también con la prestación de servicios públicos que impacte en la calidad de vida de los ciudadanos.
La otra esfera de competencia del órgano jurisdiccional es coadyuvar en el Sistema Estatal Anticorrupción, en el que el TJA es el ente encargado de imponer y definir sanciones contra los servidores públicos por faltas graves y no graves.
“Este tribunal tiene esa otra vertiente donde las autoridades que detectan, investigan e instruyen, es decir, generan un expediente donde detectan qué servidores públicos han cometido faltas administrativas graves o no graves y quién resuelve la sanción, antes eran las Contralorías y Auditorías”, expuso.
Recordó que el órgano jurisdiccional fue creado como parte del Sistema Estatal Anticorrupción y comenzó operaciones desde el 15 de enero de este año, primero con tres magistrados y en cumplimiento con la legislación, suman siete los especialistas que analizarán y resolverán los casos que se reciban.
AMV