Protestan contra malas prácticas en divorcios que afectan a los hijos

Los padres y madres de familia acusaron que aspectos como denuncias falsas, que se extienden por meses o años, no permiten a los progenitores ver a sus hijos.

Protestan contra sustracción de hijos en Nuevo León. Foto: Jorge López.
César Cubero
Monterrey /

Con el fin de acabar con una deuda histórica que existe con los hijos de los padres que se divorcian o separan, la Asociación Civil “MAAS Infancia Feliz A.C.” se manifestó en el CODE de Guadalupe para exigir que se garantice la convivencia de los menores, tanto con su papá como con su mamá.

Encabezados por Miguel Ángel Plata Mejía, presidente de la Asociación y enlace municipal en Cuajimalpa del Pacto por la Primera Infancia, el grupo se presentó en las instalaciones del Centro de Orientación y Denuncia con mantas, pancartas y pelotas con los nombres de sus hijos, y la petición fue dirigida tanto a la Fiscalía de Justicia como al Poder Judicial.

Sobre todo en lo relacionado al seguimiento de las denuncias falsas o unilaterales que son usadas en los juzgados familiares, donde, aseguró, pasan años y se impide un sano desarrollo emocional de las niñas y niños.


Posteriormente se dirigieron al DIF Capullos, ubicado en ese municipio y continuaron con su protesta.

“Hay que coadyuvar para que se garantice el derecho de las niñas y los niños a que convivan con papá y mamá cuando enfrentan ya de por sí algo que les impacta en su vida, que es el divorcio o la separación judicializada de sus papás.

“Queremos que no se empantane por años en los expedientes judiciales y que pasen hasta 8 a 10 años sin ver, los niños no tienen idea y esto les impacta en su sano desarrollo de su personalidad, queremos blindar a nuestros niños y a veces la materia penal es una forma de coadyuvar a que se garanticen sus derechos”, enfatizó.

En México, afirmó, se tiene un registro de 428 divorcios diarios y Nuevo León es el tercer estado con el mayor número de divorcios.

Por ello, insistió, la sociedad tiene el deber de protegerlos y de fortalecer los valores universales.

“Los números pueden hablar de la cantidad, pero tenemos una deuda histórica desde hace 10 años de 1.2 millones de niños y niñas que han enfrentado este tipo de faltas al debido proceso, de no garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita”, precisó.

Plata Mejía indicó que aunque no se cuenta con un dato exacto del daño que esto produce a los niños, es urgente que se implementen acciones dirigidas a la salud mental.


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