Tras las protestas de transportistas y trabajadores de minas en el municipio de Zimapán, el gobierno de Hidalgo ofreció acompañamiento y seguridad para evitar enfrentamientos y el cierre de empresas, por lo que se reanudan las actividades laborales a partir de este fin de semana.
Luego de varias horas de reunión en palacio de Gobierno, los representantes de los transportistas que laboran para empresas mineras, que acusaron la intromisión del Sindicato del Cemento en las zona de extracción para quedarse con los contratos, se acordaron los siguientes puntos: la seguridad en todos los caminos, mediante diálogo con las comunidades se reactiva la actividad minera, existe la libertad de asociación y que los caminos será liberados.
Mediación
Además, que habrá mediación entre las partes y un entendimiento mutuo que traiga paz en la región minera de Zimapán, respetando los usos y costumbres laborales y se ha desplegado la Policía Estatal para garantizar la seguridad.
“Los acuerdos son favorables para que las actividades laborales en Zimapán puedan reanudarse y la economía siga moviéndose. Se invita a que no haya bloqueos y a mantener el orden mientras se espera la vuelta de todos con seguridad”, informaron voceros de los transportistas hidalguenses.
A la reunión asistieron el presidente municipal Hermilo Trejo Rangel, la diputada local Alhely Medina, líderes de transportistas y empresarios mineros, quienes estuvieron con el secretario del Despacho del gobernador, Alejandro Velázquez Mendoza.
Solicitaron apoyo
Por la mañana del viernes, transportistas, empresarios mineros, ejidatarios, autoridades municipales, y la población, exigieron apoyo de los gobiernos estatal y federal para mantener la paz social.
Transportistas de al menos seis cooperativas, tres empresas mineras: Carrizal Mining, Purísima y Preisan, así como ejidatarios manifestaron el miedo que viven debido a la incursión de un grupo armado perteneciente al Sindicato de Cemento, liderado por José Ortega Blancas, originario del Estado de México, personas que mantienen bloqueos en los accesos a las minas y que impiden que los cerca de dos mil trabajadores adscritos a ellos realicen sus labores.
Ante la incursión de este grupo de choque, el cual señalan porta armas de alto calibre y de uso exclusivo del ejército, se buscó el apoyo de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo (Segob) tanto del subsecretario, José Arturo Sosa Echeverría, así como de su titular, Guillermo Olivares Reyna, a quienes pidieron no desestimar la situación.
Incluso, ante la falta de respuesta, algunos amagaron con tomar acción por propia mano y replicar lo que sucede en otras entidades, la creación de grupos de autodefensa para garantizar las condiciones de paz social que les permita efectuar su labor y con ello no perder la única actividad económica que mantiene a la demarcación, “no queremos recurrir a lo que han hecho compañeros de Michoacán o Guerrero, crear grupos de autodefensa, pero si alguien se mete a la cocina de su casa, qué vamos a hacer si la autoridad no responde”, sentenciaron.
Pérdida de empleos
La situación de inseguridad que se mantiene en Zimapán por la presencia de grupos armados vinculados con el Sindicato de Cemento, afecta el 75 por ciento de la economía de la demarcación, señalaron los integrantes del Sector Minero de este municipio, ya que el 25 por ciento restante lo representan los migrantes que envían remesas a este punto de Hidalgo.
El representante y director administrativo de la Minera Purísima y Presian, Homero Vega Hernández, reportó el cierre de tres minas: Purísima, Balcones y Guadalupe, lo cual representa cerca mil 200 empleos directos perdidos, 600 de una mina y 300 por cada una de las restantes; además de una pérdida en sólo tres días de inactividad de más de 150 mil dólares.
Por su parte, el representante de la minera Carrizal Mining, Carlos Bravo Menéndez, igualmente informó sobre el cierre de tres minas, para un total de seis en la demarcación, lo cual representa el cese de 800 empleos directos y más de dos mil 500 indirectos, para una suma de cerca de cuatro mil empleos indirectos afectados; además de la pérdida en tres días de 600 mil dólares, así como el cese de inversión de empresas extranjeras de Canadá, país con el que mantienen relaciones comerciales, “hicimos este paro de labores porque no vamos a exponer a los trabajadores a golpes o cualquier cosa más grave”.
Ambos representantes coincidieron en que no existe un plazo para atender esta problemática, pues las minas corren el riesgo de inundarse y perder toda la actividad, además de que los recursos económicos con los que disponen no alcanzan para sostener esta situación por más de un día, es decir, este 16 de noviembre si no obtienen respuesta de la autoridad tendrán que cerrar de forma permanente, dejando sin empleo a más de seis mil personas en Zimapán.