Las devoluciones en caliente o pushbacks, la falta de interoperabilidad para los registros de personas privadas de la libertad, así como algunas políticas fronterizas, son los principales factores de riesgo para la desaparición forzada de migrantes, advirtió el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés).
Durante la presentación del Comentario General sobre Desapariciones Forzadas en el Contexto Migratorio, integrantes del CED resaltaron que desde 2014 se tiene registro de más de 60 mil migrantes en calidad de desaparecidos en el mundo, incluidas víctimas de desaparición forzada.
A ello, el director adjunto de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Patrick Eba, informó que una de las principales prácticas en las políticas migratorias son las devoluciones y devoluciones calientes, las cuales vulneran el principio de no devolución o non-refoulement en materia de derechos humanos.
“A partir del principio de no devolución, la observación establece que los estados no incluyen evaluaciones individuales para determinar si la devolución de las personas (migrantes) puede poner en riesgo de desaparición forzada”, precisó.
Gabriel Oviedo, coordinador del Centro por la Justicia y el Derecho (Cejil), explicó que la devolución es una práctica común en las el continente americano.
“En las Américas, la devolución es la práctica más común de los últimos años y la detención migratoria”, recalcó.
Oviedo llamó a profundizar los mecanismos transnacionales de búsqueda de personas migrantes, así como el intercambio entre estados y consideró que la importancia para la función de interoperabilidad entre los estados reside en las primeras horas posteriores a la desaparición.
“Es importante que el registro de personas privadas de la libertad se mantenga actualizado; lo importante es asegurarse que sean interconectadas y operables, (pues) muchas veces enfrentamos retos en los estados para asegurar que haya una interconexión e interoperabilidad entre varios registros”, añadió el comité.
En su turno, Margarita Núñez, de la Red Jesuita con Migrantes, acusó que a pesar de existir una cooperación entre autoridades para la recopilación de datos, en la región de las Américas, “la recopilación de estos son utilizados con fines criminales”.
“Estos datos deben ser compartidos entre instituciones encargadas de la protección y atención a víctimas, y no necesariamente a las instituciones que gestionan el control migratorio”, instó.
México presume avances en identificación forense
Por su parte, Elizabeth Méndez Escobar, embajadora de México ante la oficina de Naciones Unidas en Ginebra, destacó que el país ha mantenido avances como la creación del Centro Nacional de Identificación Humana en el Estado de Morelos, para la adopción de una política de identificación forense.
Además de la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la adopción de los lineamientos del mecanismo de apoyo exterior, así como un acuerdo en el que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas aprobó los lineamientos de apoyo exterior de búsqueda.
“En beneficio de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los migrantes, fuimos el primer país en sostener un diálogo constructivo con el comité en el 2018 y el primero en recibir una visita del comité en 2021”, destacó.
El pasado 18 de septiembre, durante la comparecencia del Estado mexicano ante el CED, el comité indicó que no existen las legislaciones necesarias en el país, que incluyen una ley de desaparición.
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SNGZ