La representante de la organización Nacer es mi Derecho, Mariana Igartua Pérez Allende, confió que el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, no apoye la legalización del aborto.
“Legalizar el aborto es acabar con la sociedad, sino respetamos la vida no hay nada que respetar, todo derecho se finca en la vida, y este derecho es desde la concepción, pues ya es una persona no un feto”, precisó.
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En conferencia de prensa, señaló que seguirán defendiendo la vida y esto será a través de la vía legal y agregó que las presiones sociales ayudarán a que en el Congreso del Estado no apruebe este tipo de iniciativas.
“La presión social, claro que ayuda y es importante para que no se permita este tipo de asesinatos”.
Por su parte, la diputada de Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, insistió que antes que analizar la despenalización del aborto, primero se debe tener políticas públicas a favor de las mujeres en Puebla.
“La violencia que se vive contra las mujeres también radica en que no conocen sus derechos, no están capacitadas. Hay que hacer muchísimo por las mujeres, políticas públicas, que realmente el gobierno del estado esté interesado. No habrá ley que alcance si no hay verdaderas políticas públicas a favor de las mujeres”, indicó la panista.
Del mismo modo, la albiazul lamentó que en el país no hay políticas públicas de gobierno a favor de las mujeres: “Hoy en México las están matando por violación, por embarazos, porque son molestas, por quitarles a sus hijos”.
Por su parte, la diputada del PT, Mónica Silva, expuso que no se tiene avance en el tema de la despenalización del aborto, pero confió en que los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política puedan llegar a consenso entre los legisladores de su bancada.
Recordó que se tienen tres propuestas de reforma y consideró que ha habido buena disposición de los coordinadores de las bancadas y diálogo positivo. Al mismo tiempo, afirmó que Morena “siempre ha tenido interés” y espera que se pueda ampliar a las otras fracciones.
No obstante, reconoció que depende de las posturas de quienes conforman la Junta de Gobierno, pues algunos integrantes se pronunciarán en contra, en referencia a los legisladores del Partido Acción Nacional.
Recordó que la Corte notificó la sentencia el pasado 7 de marzo, por lo que a partir de esa fecha se tiene un plazo de 12 meses para adecuar la ley de acuerdo con la resolución, es decir, hasta marzo de 2023.
AFM