El PAN en el Congreso de la Ciudad de México interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado de Distrito en materia administrativa en contra de la consulta nacional sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), tras considerarla ilegal porque no se ajusta a procedimientos constitucionales.
Esta acción fue interpuesta por Diego Garrido López, diputado panista e integrante de la Comisión Especial del Desarrollo Aeroportuario Integral.
Destacaron que se omite convocar a consulta popular, como se establece en el artículo 35 fracción VIII numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“La consulta convocada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, no se ajusta al procedimiento constitucional que prevé la Ley Reglamentaria, que es la Ley Federal de Consulta Popular, con relación a que, corresponde a las cámaras de Diputados, de Senadores o al Presidente de la República, y a los ciudadanos, solicitar la consulta popular”, destaca el documento presentado.
Garrido López dijo que este ejercicio “está consultando, en el fondo, no sobre la construcción o cambio del aeropuerto, sino sobre el destino de los recursos autorizados por el Congreso”, por lo que dijo que esto implica someter a consulta los gastos del Estado, lo que está prohibido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“AMLO se adjudica atribuciones constitucionales siendo un ciudadano. Las atribuciones del Congreso Federal, ellos deben convocar la consulta; las cámaras de Diputados, de Senadores, al Presidente de la República, deben solicitar la consulta; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, califica las preguntas; y al Instituto Nacional Electoral, organizar el ejercicio”, apuntó.
Los legisladores solicitaron al Juez de Distrito en turno, ordenar la suspensión de la consulta, toda vez que “las autoridades responsables de facto ejercen funciones de autoridad sin encontrarse en funciones”.
También pidieron una revisión sobre la apariencia de constitucionalidad de este ejercicio sometido, porque anula la garantía de los derechos políticos de los ciudadanos.
Finalmente agregaron que la concesión que la Federación otorgó al Grupo Aeroportuario y las obligaciones que la empresa adquirió con aprobación del contrato, tiene indemnizaciones por rescate de 60 mil millones de pesos, más 40 mil millones de pesos del pago a contratistas.
IRH