Diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentaron una denuncia penal, ante la Fiscalía capitalina, en contra de quién resulte responsable por la presunta “adquisición dolosa e ilegal” de 143 ventiladores para atender a enfermos de covid-19.
Los legisladores señalaron que el costo de adquisición fue de 384 millones 67 mil 603 pesos, lo que dijeron “duplica el precio standard en comparación con otras compras del gobierno federal y estatales”.
En la denuncia se especifica que el costo por unidad fue de 2 millones 600 mil pesos, incluyendo los consumibles, lo que apuntaron “resultaron dramáticamente” contrastante con los precios establecidos en el mercado nacional e internacional.
Mauricio Tabe, coordinador de esta bancada y la diputada, América Rangel, fueron quienes presentaron la denuncia, y apuntaron que se acusa de probables delitos de “el uso ilegal de facultades y atribuciones”.
Los diputados llamaron a que este caso no quede el olvido o “la autoridad se lave las manos, como sucedió en el Gobierno Federal”, sino que se investigue a fondo y se castigue.
“Algunos están haciendo un negocio, están corrompiendo aprovechando la emergencia sanitaria, eso es un crimen, no se puede permitir ni dejar pasar y esperamos que la Fiscalía atienda la denuncia y den con los responsables y se castiguen estas compras con sobreprecio”, resaltó.
Añadieron que debe investigarse si existió contubernio entre la empresa proveedora Cyber Robotics Solutions, propiedad del hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad y funcionarios locales.
“La irregularidad es el sobreprecio, que alcanza el 200 por ciento con respecto a otros valores de compra”, refirieron.
Añadieron que las delegaciones del IMSS en once estados de la República, han comprado también ventiladores respiratorios 48 por ciento más baratos que los de Cyber Robotics Solutions.
De acuerdo a Tabe y Rangel, el mismo ventilador que la empresa NUDOMI vendió a Tlaxcala a un costo unitario de 1 millón 54 mil pesos.
“Si se solapan, va a seguir el camino de la corrupción. Esperamos que no pase como en el Gobierno federal en donde quisieron limpiarse las manos devolviendo, no es devolviendo, es castigando a los responsables”, advirtieron.
Coincidieron en señalar que se violentan diversas disposiciones constitucionales y del Código Penal, donde se establece que es responsabilidad de todo servidor público realizar el uso del gasto público de manera cuidadosa, honrada y eficaz, esto es que, todos los bienes o servicios que adquiere el Estado Mexicano para cualquiera que sea su destino, se realice en las condiciones óptimas y en beneficio de la sociedad.
Finalmente solicitaron a la fiscal, Ernestina Godoy, iniciar la investigación correspondiente por presunto proceso ilegal o fraude en contra del erario, además de ejercer acción penal en contra de quien o quienes resultes responsables.