El 17 por ciento de los adultos cuenta con un título profesional; de los cuales, 53 por ciento son mujeres, ante lo cual, se requiere una educación correspondiente a los contextos y las necesidades sociales.
Rocío Cano Albañez, investigadora de la Universidad Iberoamericana, resaltó que la pandemia de la covid-19 complicó las acciones para que un mayor número de población cuente con título universitario.
La investigadora señaló que la formación de futuros profesionistas debe hacer frente a problemas sociales como la violencia racial y de género, pero también a las asignaturas pendientes de cada disciplina.
“Esta pretensión de aumentar la población con título universitario fue golpeada por la Covid en cuestiones de rezago formativo, recortes presupuestales e incremento en los índices de violencia. Aun así, las instituciones educativas han dado fuertes muestras de resiliencia para continuar sus labores”, explicó.
El derecho humano a la educación es reconocido por diferentes instrumentos jurídicos internacionales bajo el principio de dignidad humana, apuntó Cano Albañez durante una mesa temática sobre los retos de la educación superior organizada por la Universidad Iberoamericana Puebla.
En su Agenda 2030, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca impulsar acciones que permitan el acceso a más personas a los diferentes niveles de formación escolar.
De acuerdo con el artículo Tercero de la Constitución Mexicana, toda persona tiene derecho a una educación gratuita, universal, laica e inclusiva; sin embargo, existe áreas de oportunidad por atender.
La nueva Ley de Educación Superior incluye el concepto del interés superior del estudiante, rubro inédito en la región que busca proteger y garantizar el ejercicio pleno de este derecho y todas sus implicaciones, expresó la especialista.
“Estos recursos dotan de obligaciones a las universidades como proveedoras de conocimientos y habilidades para la comprensión y transformación del entorno. Es muy importante la función que tenemos como institución, lo que estamos provocando en los jóvenes y los adultos”, destacó Cano Albañez.
En su oportunidad, el coordinador de los posgrados en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla, José Antonio Bretón Betanzos, resaltó que la academia, notaría, servicio público son fuentes de empleo alternas que han sido poco atendidas por las escuelas.
“Estos escenarios, deberían tomarse en cuenta en la formación de abogados, y puedan así responder a todas las áreas de ejercicio posibles”, apuntó.
Consideró indispensable establecer perfiles idóneos de aspirantes para cada programa; y agregó que la contratación de profesores debe estar motivada por el perfil de egreso que se espera obtener.
“La incorporación de docentes debe ser dictada por la vocación pedagógica y no por el prestigio del abogado. Los métodos de enseñanza también tendrían que adaptarse a la orientación del posgrado para dotar al alumnado de las habilidades necesarias para desempeñarse en su área”, expresó.
mpl